México, 30 de noviembre de 2007.- En un nuevo acto de verguenza e ignominia para un gobernante y un partido que se denomina de izquierda y para cualquier gobierno, hoy de nueva cuenta bajo el mandato del gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca se ha echado la represión sobre un movimiento de jóvenes profesores y estudiantes que decidieron hacer efectivos los derechos emanados de los artículos 3ro y 123 de la Constitución Mexicana, así como sus relativos en las legislaciones internacionales sobre derecho a la educación, derecho al trabajo, así como el derecho a la manifestación.
Un contingente de policías estatates y federales (PFP) agredió una manifestación que jóvenes profesores realizaban en la caseta de la Venta, en las afueras de la ciudad de Acapulco, resultando 56 personas detenidas, varias heridas, una de ellas de gravedad. Los estudiantes no bloqueaban el paso por la caseta, sino que hacian actividades de difusión de su movimiento y boteo.
El 14 de noviembre pasado se había dado un escandaloso acto de represión, contra los jóvenes profesores y profesoras y estudiantes normalistas que exigen se cumpla la obligación gubernamental para otorgar plazas a los egresados de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Es obligación del gobierno dirigir sus políticas en el sentido de que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al trabajo. Guerrero es un estado que necesita profesores y profesoras al tener uno de los peores niveles de escolaridad en México y en el mundo. El gobierno guerrerense no conforme con anular el derecho al trabajo con su negligencia, negando otorgar 74 plazas para profesores, pretende desaparecer la licenciatura en educación primaria en un estado donde se necesitan profesores y profesoras capacitadas en este nivel escolar.
Tras la criminal represión del 14 de noviembre, dirigida por un general del ejército mexicano, este general, el gobernador y otros funcionarios se peleaban por la autoría intelectual de la agresión. En un entorno donde la comisión de crímenes de lesa humanidad da puntos para obtener nuevos puestos en las administraciones gubernamentales.
En días pasados el gobernador perredista Zeferino Torreblanca declaró que no cedería ante las presiones de los jóvenes profesores normalistas y estudiantes por el derecho al trabajo y en defensa de la educación pública, ese mismo día apareció muy golpeado uno de los jóvenes profesores participante de los movimientos. Quedan claras las señales enviadas por este gobernante. A ver si en las próximas elecciones su partido no es tan cínico para repetir como lo ha hecho repetidamente “¿que movimiento social ha sido reprimido por el PRD?”.
El caso de represión contra estudiantes y profesores y profesoras de Ayotzinapa se suma a los recientes casos de represión contra el CECOP opositor a la ilegal imposición de la presa La Parota y contra la CRAC y la Policia Comunitaria que luchan por justicia para las comunidades, al margen de la omisión y complicidad gubernamental en la imposición de la inseguridad pública en Guerrero. En un contexto nacional donde crece la criminalización contra los movimientos sociales y contra toda persona que reivindique un derecho. Gobiernos de derecha y de izquierda, del PRI, del PAN y del PRD están convirtiendo en criminal a toda persona que defienda sus derechos constitucionales y sus derechos humanos. Repitiendo el eslogan del 2006 “si no votas cállate” y “si votas, también cállate”.
