Chiapas, 2015
El cuatro de diciembre de 2011, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desplazaron de Banavil, poblado ubicado en el municipio de Tenejapa, a cuatro familias (López Girón, López Méndez, López Guzmán y López Méndez). En ese momento eran trece integrantes hablantes del tzeltal y originarios del lugar. Hace cuatro años, Lorenzo López resultó herido de gravedad y fue detenido dos meses en el CERESO Nº 5, y Alonso López Luna se encuentra en calidad de desaparecido desde entonces; todo este tiempo el grupo ha sido apartado de su hogar y de sus tierras para sembrar. Actualmente viven en situación preocupante de pobreza producto del desplazamiento.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó que entre 1997 y 2001, en Chiapas más de 15 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, a consecuencia de la estrategia gubernamental para acabar con el zapatismo.
«El gobierno que tenemos aquí en México es un monstruo, es un gobierno que ya no sirve para nosotros por que solo protege a los responsables de la desaparición, del desplazamiento y no ha hecho nada de la investigación. Hasta el momento no ha resuelto el problema» apunta Miguel López Girón, hijo de Alonso López, en entrevista con Regeneración Radio.
LAS AMENAZAS DE MUERTE Y LA DISYUNTIVA DE CAMINAR
Al principios de 2011 el rumor de un posible desplazamiento llegó a oídos de la familia López, aunado a algunas amenazas de muerte que recibieron desde 2007.
Algunos días los priístas llegaban con sus armas de fuego a tocar la puerta. Entre familias decidieron implementar una serie de cuidados mínimos para evitar el conflicto: si alguien llegaba a tocar la puerta nadie iba a salir, nadie iba a caminar solo por el poblado, irían mínimo de dos personas. Esa era la manera que encontraban para evitar el conflicto. No sabían que a finales de año iban a ser desplazados y su vida cambiaría drásticamente:
«No encontraban forma de cómo sacarnos por que nunca nos encontraron en nuestras casas o en el camino. Había amenazas de muerte de que iban a matarnos en el camino. Ellos se dejaron de reunir y de ahí empezaron a planearlo solo los dirigentes. Se calmó el problema un tiempo y ya no había amenazas, empezamos a caminar», asegura Miguel.
UNA MAÑANA INESPERADA: DESPLAZAMIENTO, DESAPARICIÓN FORZADA Y FABRICACIÓN DE DELITOS
Era un domingo cuatro de diciembre. La familia se encontraba desayunando para ir a misa a Tenejapa. Llegaron tres mujeres a la casa de los López, entraron con piedras y palos. Posteriormente ingresaron un aproximado de cincuenta hombres y entraron a las casas, a la cocina en donde estaban. Sacaron a Alonso López Luna y empezaron a golpearlo hasta dejarlo ensangrentado. Arrollaron todas las casas.
«Alonso López Ramírez [sujeto identificado como príista] llevaba su rifle, disparó su arma y a Lorenzo le entra la bala al pecho y en su ingle. Ya no pudo salvar a mi papá. Empezaron a disparar muchas balas. Ese día ya no supimos nada de él, no pudimos ver hacia dónde lo llevaron. Solo sabemos que mi papá está desaparecido. No lo hemos encontrado en cuatro años» relata Miguel López.
Lorenzo resultó herido de gravedad y fue internado en el Hospital de las Culturas. Fue trasladado a los cinco días al CERESO Nº 5, acusado de homicidio, lesiones y portación de armas de uso exclusivo del ejército. En ese mismo caso acusaron a Francisco López Santis, base de Apoyo del EZLN aprehendido durante un año dos meses. Miguel López asegura que Santis no estuvo en el conflicto, pues vive en Tenejapa.
LA HISTORIA DE LAS FAMILIAS DE BANAVIL
En 1996 las familias del poblado de Banavil eran Bases de Apoyo del EZLN, permanecieron cuatro años en la organización. En Banavil no se recibían apoyos del gobierno hasta que el Presidente Municipal buscó las estrategias para llegar a la gente a través de programas sociales, consiguiendo que en el año 2000 algunos BAEZLN dejaran la organización y se volvieran priístas.
En ese momento el hostigamiento comenzó, pues todas las familias excepto los López Girón comenzaron a recibir el apoyo del gobierno. «Los priístas empezaron a hostigarnos. Nos comenzaron a cuestionar de dónde sacábamos dinero para no aceptar el apoyo del PRI y nos acusaron de llevar un pleito en la iglesia», recuerda Miguel Girón.
En 2007, la familia López Girón dejó de ser Base de Apoyo debido al hostigamiento y las amenazas de muerte que recibían constantemente, aunque siguieron sin aceptar ingresar a los programas sociales implementados por el PRI a nivel Municipal. A pesar de esto no pudieron evitar el conflicto.
LAS CONSECUENCIAS DE NO ACEPTAR EL APOYO GUBERNAMENTAL
Ellos sembraban frijoles, maíz, calabazas y ciruelas en los campos de Banavil. Trabajaban la tierra obteniendo de este modo recursos para subsistir. Actualmente radican en San Cristóbal de las Casas. Perciben una gran diferencia entre ambos lugares: «En las colonias de San Cistóbal el dinero no nos alcanza» apunta Pedro López Girón, haciendo referencia a su vida en la turística zona que desde 1994 comenzó a poblarse principalmente por extranjeros, haciendo de éste un lugar costoso para vivir.
En este núcleo familiar, los hombres salen a trabajar como ayudantes de albañil y tienen una pequeña milpa. Las mujeres salen a lavar ropa que les pagan a quince pesos la docena. También se dedican a bordar manta, cada una es pagada en doce pesos, bordar una pieza es labor de tres días.
«Nosotras no comemos con el dinero del gobierno, nosotras trabajamos para comer y sostener a nuestra familia. Así el gobierno no se preocupa de nuestro sufrimiento, él vive bien con el dinero de lo que trabaja. El gobierno no tiene voluntad de resolver nuestro problema, él no siente el dolor lo que nosotros sentimos» sentencia Petrona López Girón.
En entrevista con Regeneración Radio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas explica que el desplazamiento forzado es un violación a derechos humanos que conlleva a otras como el derecho a la tierra y el territorio. Ellos detectan algunas vulneraciones en las condiciones de vida de las y los desplazados que afectan directamente su derecho a la salud, la educación y la vivienda.
El 21 de febrero falleció una integrante de la familia en el Hospital de Las Culturas, debido a un edema cerebral. Antonia López, de once años de edad. Ella se enfermó gravemente: dejó de caminar, no volvió a hablar, se puso muy débil, no se contaban con los recursos económicos para atenderla. El hospital no cuenta con medicamentos suficientes ni con el material para la operación que la niña necesitaba.
«La salud de nuestra familia es muy difícil, cuando nos enfermamos fuerte se necesita medicamento. A veces no lo compramos y solo utilizamos las hierbas que conocemos, a veces no la quita. No tenemos acceso a la salud de San Cristóbal por que no estamos registrados en la colonia» cuenta Pedro López Girón al hablar del caso de Antonia.
Las cuatro familias desplazadas exigen resolución al problema de desplazamiento y la aparición de Alonso López Luna, de quien hasta el momento solo han dicho haber encontrado un brazo. Señalan al Ministerio Público y al presidente Municipal de Tenejapa, pues tienen conocimiento de cómo inició el problema pero hasta la fecha no existe resolución del caso. No han cumplido ni una de sus demandas, denuncian.
El Centro de Derechos Humanos Frayba, ha acompañado a las familias desplazadas. En 2015 éstas retornaron provisionalmente tres veces acompañadas por observadores internacionales de Derechos Humanos, ante la incapacidad del gobierno de Chiapas por garantizar la seguridad e integridad de los desplazados. Las familias denuncian que mientras continúe la impunidad, los riesgos se mantienen.
ROSTROS DEL DESPOJO
«El desplazamiento forzado en Chiapas se da en el contexto de un conflicto armado interno no resuelto como parte de una estrategia que destruye tejidos comunitarios para obstruir proyectos de organización independiente y autónoma» dice Azalea Hernández Rodríguez, responsable de comunicación social y comunitaria del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en entrevista con Regeneración Radio.
El CDHFB señala al Estado Mexicano como responsable de estas graves violaciones a derechos humanos. Manifiestan que la investigación, búsqueda y localización de Alonso López Luna, el retorno definitivo con seguridad y garantías de no repetición son demandas fundamentales para resarcir el daño a las victimas y garantizarles sus derechos humanos.
El caso Banavil forma parte de «Rostros del despojo», campaña que busca visibilizar el desplazamiento forzado en Chiapas y construir redes de solidaridad para presionar al Estado mexicano cumpla con las responsabilidades firmadas a nivel internacional.
Tan sólo en la zona norte de Chiapas, en la región tseltal y chol, se desplazaron cerca de 4 mil personas de comunidades amenazadas por el grupo paramilitar Paz y Justicia, según la documentación del Centro Fray Bartolomé.
