En México, y particularmente en el estado de Veracruz, los crímenes contra la prensa y el activismo social ocurren en un clima de impunidad y olvido. El caso más reciente, el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, junto a la activista y promotora cultural Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz, la colombiana Nicole y Alejandra (los apellidos de estas dos últimas aún no son revelados), en un departamento de la Colonia Narvarte del Distrito Federal, la tarde del viernes 31 de julio, despertó una vez más la indignación de la sociedad civil y de organizaciones.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el crimen y expresó su preocupación si se confirma que el asesinato de Rubén estuvo vinculado con su labor informativa. Por su parte, Amnistía Internacional exigió una investigación “inmediata, exhaustiva e imparcial”, mientras que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que agrupa a 10 organizaciones de derechos humanos, responsabilizó a las autoridades por su omisión ante las denuncias previas.
Sebastián Aguirre, adjunto del programa de protección de Artículo 19 —organización internacional que protege los derechos de los periodistas y que forma parte del Frente— para México y Centroamérica, señala que, ante la información que ha difundido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en relación a que el posible móvil de los asesinatos fue el robo, es necesario que se agoten todas las líneas de investigación.
En entrevista con Regeneración Radio, realizada este lunes 3 de agosto en las oficinas de la ONG, Aguirre señala que las autoridades no deben desvincular el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa con el posible motivo de la agresión, y que casos como éste necesitan investigaciones independientes, claras de parte de la autoridad.
El domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que uno de los posibles móviles del multihomicidio es el robo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Por las características que presentan los cuerpos: tiro de gracia, tortura, violación, y por los antecedentes, el hostigamiento previo a Rubén y a Nadia Vera, parece ser un asesinato por parte de sicarios.
Para nosotros es necesario, principalmente, que no se agoten las líneas de investigación, que no se desvincule el ejercicio periodístico de Rubén con el posible motivo de la agresión. Es fundamental y es necesario. Y hasta que no se agote esa línea de investigación no nos daremos por satisfechos.
Es muy fácil, en una situación como ésta, vincular una situación de robo porque no se halló algún elemento en la escena, por más mínimo. Si vemos el expediente podremos constatar si existen inconsistencias en este supuesto que señala la PGJDF. Es por eso que queremos tener conocimiento de cómo se están realizando las investigaciones, cuál es la línea que están siguiendo, qué han hecho, qué no han hecho, por qué lo hicieron, porque de otra forma vamos a desconocer, ellos van a dar su versión y ya. Tenemos que fijarnos en los hechos.
Suena un poco ilógico que roben una casa de estudiante cuando todo el mundo sabe que los estudiantes generalmente están en una situación económica precaria, y la violencia con la que sucedió llama mucho la atención y hace cuestionar que haya sido un robo.
¿Qué está pasando en Veracruz? En primer lugar porque, como ustedes han documentado, es el sitio más peligroso en México para ejercer el periodismo, y en segundo porque eso fue lo que obligó a Rubén Espinosa a “autoexiliarse” en la Ciudad de México. ¿A que nos enfrentamos?
El tema de Veracruz es muy conocido, no ahorita sino desde hace muchos años. Artículo 19 ha documentado 14 homicidios desde que el gobernador Javier Duarte inició su administración [en 2010]. Todos estos crímenes han estado en impunidad, todas las agresiones, todos los homicidios al igual que los ataques físicos y amenazas.
El fin de semana nos enteramos de que la fachada de un diario en Poza Rica fue baleada, justo cuando estábamos en la protesta, denunciando el homicidio de Rubén [el periódico es Diario Presente y el atentado se registró la madrugada del domingo 2 de agosto cuando un grupo de personas desconocidas dispararon contra las oficinas e incendiaron tres automóviles]. Sólo para poner el panorama: tuvimos el homicidio de un periodista y un ataque a un medio con armas de fuego en un fin de semana.
¿Qué permite que un gobernador como Javier Duarte acumule episodios de polémica —como el “premio” que le dieron en 2013 algunos periódicos por defender la libertad de expresión—, que haga declaraciones públicas como la de “Pórtense bien” dirigidas a la prensa, y que en general gobierne un estado en el que no se investigan a cabalidad estos crímenes.
El asunto de los premios quedará en la legitimidad de cada quien y en quién se lo reconozca. Lo que no es permisible es la sistemática y generalizada violencia contra la prensa; la sistemática impunidad que existe ante las agresiones contra ésta, y lo generalizado que son estos fenómenos en Veracruz, pero también en otras partes de la República.
Las declaraciones de Javier Duarte son muy desatinadas. Si de por sí la prensa está en un contexto muy frágil, muy vulnerable, esas declaraciones la ponen en mayor vulnerabilidad; ponen a los periodistas en una situación de riesgo mayor. Como lo han señalado los diferentes organismos internacionales, como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), los funcionarios públicos tienen que cuidar su lenguaje y no criminalizar el trabajo de la prensa, la labor de los periodistas, porque los ponen en un riesgo más grande del que ya de por sí enfrentan en un contexto como el de Veracruz.
Platícanos, en el caso de Rubén, ¿cómo se enteraron ustedes y qué mecanismos activaron? Se ha dicho que a pesar de ser un periodista acosado no existía protección de parte de las autoridades hacía él, y que incluso era señalado dentro del gremio.
Un día después (el 9 de junio) de develar una placa conmemorando la muerte de Regina Martínez —otra periodista veracruzana asesinada, de la revista Proceso, cuyo caso muy conocido sigue en la impunidad— Rubén recibió actos intimidatorios de personas que se le acercan, lo hostigan. Y dado el contexto del estado él decide salir y buscar refugio en el Distrito Federal.
Rubén se desempeñaba como periodista gráfico en Veracruz para diferentes agencias, revistas, y decide salirse porque no ve que existan las condiciones de seguridad, con un temor f
undado por esta situación de riesgo que viven los periodistas allí.
Nosotros, en Artículo 19, tuvimos conocimiento de su caso desde el momento en que decide salir de Veracruz. Por otras razones conocíamos a Rubén desde antes. Era una fuente que nos informaba sobre lo que pasaba allá; fue una fuente al momento de documentar. Su salida del estado nos limitó en ese sentido.
En la alerta que emitieron señalan que el caso es un hito por tratarse del asesinato de un periodista internamente desplazado y por haber sido asesinado en la Ciudad de México.
Desde luego, por eso la insistencia para que no se limite la investigación a un robo y se agote la línea de la libertad de expresión, es decir, del trabajo que hacía Rubén, de las amenazas que sufrió, porque es el primer caso de los que nosotros tenemos conocimiento, de un periodista que busca refugio en la Ciudad de México y ésta se vuelve todo lo contrario a un refugio.
¿Cómo se encuentra el país en el tema de las desapariciones y los crímenes contra periodistas?
La violencia ejercida contra la prensa es un tema recurrente. Desafortunadamente no es algo nuevo, lo hemos visto por muchos años.
El Estado ha creado un mecanismo de protección , una comisión de derechos humanos con un área especializada para atender estos casos, hay una fiscalía de la Procuraduría General de la Republica (PGR). Tenemos todo un aparato burocrático grande, robusto, con recursos, pero no vemos que haya un cambio sustantivo en la seguridad de los periodistas, en la mejora, en el contexto en el que trabajan; al contrario, el caso de Rubén nos viene a señalar que el DF tampoco es un lugar seguro para ejercer el periodismo.
Vemos una violencia que parece ser cíclica, no sólo contra los periodistas, sino contra activistas y sectores de la población. Ayotzinapa marcó también un hito, pero parece que este estado de cosas no cambia ni se combate; al contrario. ¿Cómo evalúan esta situación?
Desde luego que Ayotzinapa marcó un parteaguas en la historia reciente de México porque mostró la complicidad de niveles de gobierno con el crimen organizado, con la persecución a la protesta, con las desapariciones forzadas, con los homicidios extrajudiciales. Por eso Ayotzinapa marcó un hito.
Lo que vemos es que ninguna instancia de gobierno, ni estatal, ni federal, reacciona como debería; no hay una investigación expedita que agote las líneas de investigación, que nos deje satisfechos, tanto a las víctimas como a los familiares y a la sociedad en general, la cual tiene el derecho a saber qué está pasando y cómo se están investigando los crímenes en contra de periodistas y en contra de la sociedad.
Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingan son situaciones en las que el Estado ha cometido asesinatos y tenemos el derecho a saber cómo fue, cuál fue la versión de los hechos. Para eso necesitamos investigaciones independientes e investigaciones claras.
¿Qué papel está jugando la prensa? ¿Qué pasa con el sesgo informativo, la censura, el favoritísimo y la autocensura?
La autocensura está en muchas partes de México. Tamaulipas siempre es un ejemplo de eso, se deja de informar de la violencia, se deja de informar de balaceras, de agresiones, y lo que pasa es que algunas personas surgen en redes sociales ante el vacío que se auto infligen los medios, y comienzan a informar por medio de Twitter, en Facebook; informan sobre las cosas que muchas veces los medios no pueden publicar porque no tienen la certidumbre de que no les vaya a pasar nada, de que no va a haber consecuencias por publicar esa información.
¿El multihomicidio en la Colonia Narvarte pudo haberse evitado?
Pues aquí hay que determinar qué fue el motivo de este homicidio para saber cuáles son las posibles medidas. Por eso pedimos una investigación que nos aclare qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. En especial lo referente al activismo de dos personas —Rubén y Nadia— en el estado de Veracruz. Éste es uno de los puntos principales que queremos en Artículo 19: que se agoten esas dos líneas de investigación.
