Este miércoles 3 de diciembre, la oficina en México del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llegó a las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero para reunirse con familiares de los 43 normalistas desparecidos desde hace dos meses y medio en la ciudad de Iguala.
Luego de mantener una reunión en privado con familiares y normalistas, se llevó a cabo una rueda de prensa en donde Javier Hernández Valencia representante de la ONU-DH, acompañado de padres de familia, miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representantes estudiantiles dieron a conocer el cauce de la colaboración que este organismo seguirá en torno a los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre pasados.
De acuerdo con Hernández Valencia, no hay duda de que el estado fue el responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas.
“Cuando hablamos de desaparición forzada hablamos de una acción o con la complicidad, tolerancia, aquiescencia de autoridades o una acción cometida por grupos que pueden haber tenido ese auspicio o tolerancia de las autoridades. Y en este caso no hay discusión de que fueron autoridades”
Cabe destacar que a la fecha el estado mexicano no ha aceptado la competencia del Comité de Naciones Unidas para la desaparición forzada, pese a la insistencia por parte de este organismo para atender las reiteradas denuncias sobre casos de desaparición forzada en México. De esta manera, el gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones y obstaculizado el trabajo de organismos internacionales, lo que produce un ambiente de impunidad en el país.
“En el caso de México hay sentencias de la corte interamericana cuya implementación hubiera, sin duda, podido ayudar a imprentar las recomendaciones de la ONU y ojalá haber contribuido a que se evitaran hechos de esta naturaleza.”
En referencia al caso de Rosendo Radilla, como un caso paradigmático de desaparición forzada, Hernández Valencia refiere a que mientras México siga sin resolver las sentencias de la Corte Interamericana en estos casos, las familias de Ayotzinapa se unirán a otras tantas familias que demandan justicia por casos sucedidos desde los años de la llamada guerra sucia en México. Y se pregunta: ¿Qué pasa con una sociedad, qué pasa con todo un país que sigue sin ver de frente y a la cara que la desaparición forzada no comienza con Ayotzinapa?
Claro está que el desacato del gobierno mexicano ante las sentencias de desaparición forzada de casos que vienen desde los años sesenta y setenta se suma al de aquellos que en años recientes se suscitaron luego de iniciada la Guerra Contra el Narcotráfico, que en gran medida desembocara en la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual no pudo cerrar un ciclo y dejar atrás esa funesta historia de las participación del estado en la desaparición de mexicanos, esa historia de impunidad que sigue hasta nuestros días.
El nueve de febrero el comité debe examinar a México y representantes del gobierno mexicano deberán asistir a Ginebra para reunirse con el Comité de Naciones Unidas contra desaparición forzada, en dónde se realizara un examen al gobierno mexicano y se buscara el reconocimiento para el Comité, que le haga posible atraer los casos de desaparición forzada, incluido el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además de la ratificación del articulo 31 contra la desaparición forzada
Pese al reconocimiento y respaldo de este tipo de organismos internacionales hacia la lucha de los familiares y normalistas, caben las preguntas: ¿Qué hará que en este caso el estado mexicano acate las resoluciones y sentencias que dictan un cambio de rumbo ante la política de terror, si antes no lo ha hecho? ¿Qué nos asegura que el gobierno de Peña Nieto se hará responsable por todos los casos de desaparición forzada que ensombrecen a la institución que él representa, incluido el de Ayotzinapa? No tenemos la respuesta, pero estamos seguros que ésta se viene construyendo a diario con las acciones de solidaridad y fuerza de un pueblo mexicano que cada vez se muestra más solidario y combativo, en plena afrenta contra la impunidad.
