Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación –ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán– fueron asaltadas la noche del lunes 23 de junio de 2014. Como resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
Además fueron sustraídos 19 equipos de cómputo –incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, una cámara de video profesional, 3 pantallas de televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica. Los asaltantes también se llevaron discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406).
Ahora, en el robo ocurrido el día de ayer, se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables.
Cabe destacar que dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Y aunque dicho Mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística.
Como se recordara, a lo largo de su historia Contralínea ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.
Algunas de las agresiones
El 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea; amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los nombres de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio.
El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”.
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal.
El 10 de abril de 2010 desconocidos allanaron y saquearon las instalaciones de Contralínea. En ese mismo mes, pero el día 27, la Caravana por la Paz que se dirigía a San Juan Copala fue emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos periodistas presentaban deshidratación, David Cilia, tres heridas de bala.
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.
En diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista Contralínea.
El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón de pesos.
El Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea y a trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información.
En el caso intervino la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.
En el documento oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.
En su comunicación, la Secretaría de Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.
La CNDH, por su parte, también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revista Contralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.
En el documento se establece que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra, como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender la defensa adecuada”.
Asimismo, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha abierto un expediente con el que se han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, ha tomado conocimiento del caso y estudia el tipo de acción a emitir al respecto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Jalisco sólo escuchó la relatoría de la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada y dijo que en 5 días hábiles darán una respuesta si admite o no la queja.
Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea. Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los periodistas involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en una condena a pagar una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos. La disposición también dicta el remate de la casa familiar del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la condena.
