Organizaciones civiles pidieron la intervención de la justicia federal para que el gobierno de Sonora acate la prohibición de poner en operación el Acueducto Independencia, que extraería agua de la presa El Novillo.
Se pronunciaron asimismo por evitar un uso indebido de la justicia luego que tres representantes de la comunidad yaqui, a quien pertenece la mitad del agua de la presa, fueron acusados de diversos delitos.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Luna Romero y Tomás Rojo, encargados de la tribu para dar seguimiento a que se acate la orden de autoridades ambientales de no autorizar la operación del acueducto, fueron denunciados por secuestro.
En tanto, Francisco Delgado Romo, otro de los representantes de la etnia, fue detenido porque presuntamente chocó un automóvil mientras conducía en estado de ebriedad.
El organismo recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en días pasados un ordenamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del acueducto, al señalar que se violaron derechos de los yaquis.
Por ello, el Cemda envió una carta a la Secretaría de Gobernación, en la que expone el caso y pide que se respete dicha resolución.
De su lado, la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) se pronunció por que el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, acate el fallo de la SCJN y advirtió que continuarán su defensa por el derecho al uso de las aguas del Río Yaqui, que abastece a la presa El Novillo.
En entrevista, el líder de dicha organización, Juan Leyva, indicó que en Hermosillo, ciudad que se pretende abastecer con el agua de la presa, hay otras opciones para satisfacer la necesidad de agua, como construir una planta desalinizadora, que tendría un costo similar a la presa El Novillo.
