Ante la sentencia dictada de más de 31 años contra 10 presos por los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, así como de 45 años contra Ignacio Del Valle, manifestamos lo siguiente:
1. Las sentencias se basan en procesos plegados de irregularidades, pruebas insuficientes o fabricadas que no respetan los Derechos fundamentales, plasmados en las diferentes convenciones internacionales ratificadas por México.
2. La sentencia de más de 31 años, así como de 45 años en el caso de Ignacio del Valle se debe interpretar como advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado: no se acepta la disidencia política y social. En este sentido sigue la mi9sma lógica que la tortura aplicada a cada uno de los detenidos de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. La tortura procura castigar e intimidar a los individuos y su entorno social para crear miedo y paralizar procesos organizativos emergentes.
3. Esta sentencia es el reflejo de la política de “mano dura” que busca “resolver” conflictos sociales mediante la represión y el silenciamiento de los que no se conforman ante una situación de evidente desequilibrio e injusticia social que vive el país.
4. Además esta sentencia nuevamente pone en evidencia la falta de respeto a los Derechos Humanos de parte de las autoridades políticas y judiciales. A pesar de algunas sanciones administrativas, ningún responsable material o intelectual ha sido consignado, procesado o castigado por su responsabilidad en las muertes, torturas, torturas sexuales, violaciones y detenciones ilegales de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
5. La falte de voluntad política para acabar con la impunidad en casos de violación a los Derechos Humanos queda manifiesta públicamente y aleja a México cada día más de un Estado de Derecho.
6. La reunión de todos los gobiernos estatales y del gabinete presidencial para coordinar acciones en contra del crimen y el secuestro no dan soluciones de fondo a esta problemática y mucho menos a la impunidad con que se manejan todos los gobernantes presentes violadores de los Derechos Humanos, como los es para el caso de Atenco el gobernador Enrique Peña Nieto.
México D.F. a 22 de agosto de 2008
Colectivo contra la tortura y la impunidad
