Fotografía: Ricardo Morales / REUTERS
Más de 132 cuerpos fueron recuperados tras una violenta y racista redada perpetrada por las fuerzas policiales brasileñas.
Brasil, el país con mayor población afrodescendiente fuera del continente africano, es también uno de los lugares donde se cometen más actos de racismo. Los cuerpos negros son sistemáticamente criminalizados, etiquetados como violentos y cargados con un estigma que se entrelaza con la desigualdad social, la violencia institucional y la persecución religiosa hacia quienes practican creencias de origen africano. En muchos territorios, el racismo antinegro está tan arraigado que las memorias de la esclavitud permanecen vivas, sostenidas por una élite mayoritariamente blanca.
En este mismo contexto, la madrugada del miércoles 29 de agosto, se llevó a cabo una de las mayores masacres en la historia de Río de Janeiro. Más de 2,500 elementos de la policía militar, fuertemente armados, ingresaron a las favelas de los complejos del Alemão y de la Penha, en la zona boscosa de la ciudad, bajo el pretexto de atacar a un grupo armado que el gobernador de Río de Janeiro calificó como “narcoterrorista”. Este tipo de narrativa, ampliamente utilizada para justificar la militarización de territorios populares, ha servido de excusa para atacar de forma indiscriminada a la población civil, siguiendo patrones de intervención similares a los empleados en regiones donde el imperialismo ha puesto sus ojos, como Palestina o Venezuela.
Durante el operativo se reportaron innumerables violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, sumadas a la profunda carga racista que caracterizó desde el inicio la operación, impulsada por el gobernador conservador Cláudio Castro, quien, desde una mirada deshumanizada, calificó esta atrocidad como un “éxito”.
Pero, ¿qué hay detrás de todo este operativo?
Hasta 2023, se sabía que más del 56% de la población brasileña es negra, descendiente de los más de cuatro millones de personas africanas libres que fueron esclavizadas y traídas a este territorio —que hoy llamamos América— contra su voluntad. La esclavitud fue legal hasta 1888, cuando se promulgó la Ley Áurea, que la prohibió oficialmente. Sin embargo, como recuerda Katiara Oliveira, educadora social y militante del Coletivo Kilombagem, “la abolición no se dio por una simple firma. Las revueltas, como prender fuego a los cañaverales, las fugas hacia los quilombos (asentamientos rurales formados por personas negras libres o fugitivas) y las rebeliones fueron las distintas formas de enfrentar el poder de los señores de las plantaciones y las minas”.
A pesar de ello, la población negra en Brasil ha sido históricamente relegada a los márgenes y al olvido. Las favelas se convirtieron en refugio y hogar para quienes viven la precariedad impuesta por un sistema dominado por las clases blancas y poderosas. Por eso, no sorprende que el discurso gubernamental haya intentado una y otra vez justificar el ingreso violento a estos territorios bajo el argumento de la “reducción de los índices delictivos”.
Esta vez, esa narrativa cobró la vida de 132 personas. Algunas fueron encontradas atadas de manos, otras apuñaladas por la espalda, degolladas o aún se encuentran en calidad de desaparecidas. La mayoría eran hombres jóvenes. “El Estado vino a masacrar, no fue una operación. Vino directo a matar, a quitar la vida de nuestros chicos. Hay muchos muertos”, dijo a la Agencia AFP una mujer, mientras colocaba su mano sobre el rostro de un joven asesinado.