Las personas que abordaron el metro en la estación Zapata el 10 de mayo, encontraron una protesta que les permitió transportarse sin pagar la cuota de cinco pesos. No fue como las otroras manifestaciones por las desigualdades en el Sistema de Transporte Colectivo. Esta fue hecha por los grupos originarios que viven en la Ciudad de México, los mismos que son ignorados cotidianamente en los apretados y premurosos viajes en donde la única preocupación es no llegar tarde.
El desplome de la línea 12 mostró negligencia gubernamental y posible corrupción de las empresas constructoras. Pero también se generaron muestras de apoyo desde la sociedad civil. Los que pusieron el cuerpo aquella noche de gritos, sirenas y luces rojas. Las expresiones de solidaridad siguen, pero la justicia no ha llegado. Los olivos tomaron otro significado: de la paz a la justicia.
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Es lunes. Un Día de las madres con poco para celebrar. «Metro Olivos no se olvida», dice una pancarta. Los otomíes liberan los torniquetes desde las 10 de la mañana. «Pásele, es gratis», grita una mujer con su traje originario que se mueve junto con su mano para agilizar el paso de los transeúntes: algunos se inconforman y quieren pagar su boleto, otros entran con una mueca de desconcierto y algunos pocos alzan el puño para mostrar su empatía.
Esa mañana un señor llegó a la estación del metro Zapata, se encontró con trajes de color azul, morado, rosa y amarillo de las mujeres otomíes. Los paliacates rojos de los hombres. Las pancartas que dicen «Claudia, esta lucha es por la vida» «Metro popular, que paguen los culpables. No más impunidad».
El señor ingresó al metro, observó curioso bajo su sombrero redondo. Forma parte de los de la mueca de desconcierto. Después siguió mirando en los andenes donde los otomíes se posaron durante unas dos horas. En seguida le preguntó a una fotógrafa: «¿Y los indígenas qué tienen que ver con el metro? ¿A ellos en qué les afecta?».
La incredulidad reina. Y es que, en tiempos de elecciones, según lo dicho por el señor de playera morada, resulta dudoso todo lo que pasa. No es el único que lo piensa en este país. Una joven fotógrafa se detiene a contarle que la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México es solidaria y que apoya varias causas, pero no a los partidos políticos. Ni siquiera a MORENA que está de moda.
– ¿Son indigenistas? ¿O por qué del INPI?, apunta otra voz a lo lejos.
– No, tienen tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque en la ciudad tienen muchas problemáticas, como la falta de vivienda, el racismo y la discriminación, apunta la joven, con una voz paciente.
– Oh, sí. A mí también me choca el racismo, concluye el señor del sombrero.
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¿Y a los indígenas qué les importa el metro? podrían pensar muchas personas en esta ciudad. Esa pregunta que parece inocente -y que probablemente lo es- nos enseña lo olvidados que están los grupos originarios en la Ciudad de México. Que prevalece un racismo en las entrañas de la metrópoli incluso en los tiempos de tragedia. No se puso en juicio cuando las calles y las redes ardieron con indignación ciudadana.
Quedan muchas incógnitas en torno a las responsabilidades. Culpables: ¿Fue la empresa, el gobierno actual o el anterior? Tiempo: ¿Fue el que la construyó? ¿El que la inauguró? ¿La que no le dio mantenimiento? Es claro que hay mucho por investigar.
Prevalece una búsqueda y exigencia de justicia, por parte de los familiares de las víctimas. Este acto es de negligencia, porque un accidente es algo que está fuera de las manos, pero la obra de la línea 12 fue planificada por al menos tres empresas conocidas: Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) propiedad de Carlos Slim y Alstom, de capital francés.
Estas licitaciones o contratos son otorgados por los gobiernos de las instancias, los filtros y el dinero público están en sus manos, por lo que la responsabilidad es directa.
