Chilpancingo, Guerrero, México, 18 de mayo, 2007.- El Tribunal Unitario Agrario (TUA) notificó el día de ayer al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la sentencia relativa al juicio de nulidad en materia agraria 73/2006. Una vez más el Tribunal resolvió darle la razón a los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota declarando la nulidad del acta de asamblea del Ejido de Dos Arroyos, de fecha 16 de diciembre del 2005, así como a todos los acuerdos, convenios o contratos que como consecuencia de la misma se hayan firmado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es importante recordar que el 16 de diciembre del año 2005, la Procuraduría Agraria y el gobierno estatal de Zeferino Torreblanca Galindo, de manera dolosa fabricaron una supuesta asamblea de ejidatarios relativa al núcleo agrario de Dos Arroyos, por la cual se autorizaba la expropiación de las tierras ejidales, así como la ocupación previa de las mismas por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
El uso de los aparatos de seguridad pública, y el cambio repentino de la sede de la asamblea llevándola a Tierra Colorada, fueron los dos mecanismos principales que las autoridades utilizaron para fingir la realización de una asamblea que en realidad era un mecanismo tramado para imponer a toda costa el proyecto hidroeléctrico. Junto con estas ilegalidades se sumó el acarreo de gente externa al núcleo agrario de Dos Arroyos y la utilización de cartas poder que gente extraña exhibía para votar en representación de supuestos ejidatarios, o casos en los que comuneros que ya fallecieron, en el acta de asamblea aparecen firmando para dar su anuencia a la expropiación.
Todas estas irregularidades fueron constatadas por el Tribunal Unitario Agrario, quien además dio cuenta de que no se contó con el quórum de participación legal que exige la Ley Agraria, ni mucho menos se convocó adecuadamente para la asamblea. Según el TUA, los actores opositores a La Parota lograron acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones al comprobar la nulidad del acta de asamblea de fecha 16 de diciembre del 2005, en tanto que el Ingeniero Alejandro Bello Gómez en representación de la Procuraduría Agraria no acreditó sus defensas ante las evidentes ilegalidades.
La nulidad del acta de asamblea implica jurídicamente que no existe anuencia alguna que hayan manifestado los campesinos de Dos Arroyos para perder sus tierras ya sea mediante la expropiación o la ocupación previa de las mismas. Esta sentencia corrobora que ni la CFE ni el gobierno de Guerrero cuentan con acreditación alguna para ingresar a los territorios ejidales de Dos Arroyos a efectuar trabajos relacionados a la presa La Parota.
Esta sentencia notificada por el TUA se suma a la previamente dictada el 30 de marzo del 2007, relativa a los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en la cual el Tribunal de la misma forma decidió anular el acta de asamblea de fecha 23 de agosto del 2005, por la cual de la misma forma se pretendía maliciosamente establecer que los campesinos habían expresado su consentimiento para que se expropien sus tierras.
Una vez más se deja constancia que las instancia legales han dado la razón a los opositores a la presa, que ha sido la vía jurídica la que ha evidenciado el actuar ilegal del gobierno federal y estatal y que a pesar de ello la CFE y Zeferino Torreblanca Galindo se aferran a imponer el proyecto La Parota a toda costa, dejando de lado el estado de derecho y si es necesario acudiendo a la represión policiaca.
Muestra de ello resulta la asamblea que pretenden llevar a cabo el siguiente domingo 20 de mayo en el poblado del Bejuco, sobre los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, la cual ha sido convocada a pesar de que el Tribunal Unitario Agrario resolvió el juicio 447/2005 a favor del CECOP, y para la cual se ha anunciado el uso indiscriminado de la fuerza pública. Es decir, en resumidas cuentas se trata de la reedición del mismo mecanismo de imposición del proyecto hidroeléctrico que las autoridades utilizaron en el año 2005 y que a pesar de haber sido ya declarado ilegal por evidentes irregularidades, se pretende repetir de nueva cuenta.
Es importante no soslayar que en varias comunidades del núcleo agrario de Cacahuatepec, ya se han observado emisarios de la CFE y el gobierno estatal ofreciendo sumas económicas a los campesinos para que firmen hojas oficio que a la postre constituirán las firmas que se anexaran en el acta de asamblea que pretende levantar en El Bejuco el 20 de mayo del 2007. Es decir, claramente se trata de una simulación que justifique la posibilidad de despojar de sus tierras a los campesinos.
Dado que el Tribunal Unitario Agrario ha dado la razón al movimiento opositor a la presa, hoy exigimos el cese de inmediato de este tipo de supuestas asambleas agrarias, pues de fondo son un mecanismo para imponer el proyecto hidroeléctrico bajo la estafa de que fueron los mismos ejidatarios o comuneros quienes aceptaron la expropiación de sus tierras; y más aun, son un mecanismo excluyente e inadecuado, pues los padrones de comuneros y ejidatarios no comprenden el universo real del total de la población que se verá afectada.
