Yonny Ronay Chacón González tiene 21 años de edad. Trabajó para sostener sus estudios hasta que fue detenido y torturado por policías de investigación de la Fiscalía de Alto Impacto, en Tuxtla Gutiérrez. Su hermana, Liliana Chacón González, lo describe como un muchacho amoroso, al que le gusta aprender. Aficionado de las mascotas y animales. Bastante amiguero.
Es originario de Cintalapa, Chiapas. Estudiante de mecánica automotriz y recién había iniciado sus estudios en la Universidad Maya, ubicada en la capital del estado.
Su hobbie es reparar carros y motos. La mañana del miércoles 13 de marzo de 2019, salió de su casa a Tuxtla Gutiérrez para realizar un trabajo en equipo, “un prototipo de motorcito”. De regreso, caminó sobre algunas calles del centro y compró ropa para sus mascotas. Se encontró con dos conocidos, una amiga y su padre, que le ofrecieron un raite y platicaron en el camino.
En un retén ubicado en la salida poniente del municipio de Tuxtla, un grupo de unos 8 hombres armados, vestidos de civil, les hicieron una revisión de rutina. Se trataba de la Policía Investigadora, adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), bajo la conducción de Ministerios Públicos de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, dependientes de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas.
Después de revisar la identificación del piloto del auto, le dijeron “a ti te andamos buscando”, enseguida los subieron a una camioneta. La tortura comenzó: durante el trayecto, rumbo a la Fiscalía, los golpearon y amenazaron. Al llegar los policías emplearon abusos físicos.
En entrevista para Regeneración Radio, el abogado Jorge Alberto Gómez Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señaló que Yonny Ronay fue torturado en el sótano de la fiscalía durante la noche del 13 de marzo de 2019. Ahí lo mantuvieron arrodillado y fue golpeado.
Posteriormente, lo ingresaron en otro espacio del edificio, donde lo interrogaron con la finalidad de que se autoinculpara por robo. Le vendaron los ojos y ejercieron violencia en su contra: cachetadas, tablazos en piernas y costillas, golpes con un trapo enrollado en la mano, asfixia con agua y toques eléctricos.
En la casa de los Chacón, la noticia llegó por sorpresa. Todos trabajan y se enteraron un día después. Enseguida buscaron la manera de ayudarlo, pero temieron por su integridad. Los medios de comunicación ya habían mostrado fotografías en donde Yonny aparece con armas y lo señalan como miembro de una banda criminal. También hicieron públicos sus datos personales, como su dirección.
Liliana, su hermana, se sintió vulnerable ante tanta gente: al buscar, mirábamos en face y había comentarios en donde decían: “ya sabemos donde vive. Vamos a apedrear su casa, a prenderles fuego”. Se difundió su información privada en varias páginas de la red social, Facebook y en el noticiario de las dos de la tarde, emitido por Radio Núcleo.
Al día siguiente de su detención, José Francisco Gómez Arias, Fiscal del Ministerio Público, le decretó libertad, sin señalar el por qué de su detención. Al salir, Yonny fue arrebatado de los brazos de su familia para ser de nuevo aprehendido por los mismos policías que lo detuvieron y torturaron. Le giraron una orden de aprehensión solicitada ese mismo día por motivo de homicidio y robo con violencia, firmada por Daniel Arellano Camacho, Fiscal del Ministerio Público del municipio de Villaflores, hasta donde fue trasladado.
A su llegada lo volvieron a torturar ahora en un espacio en donde Yonny asegura había planchas metálicas y lavabos, parecía una morgue. Le vendaron los ojos, le quitaron la camisa y lo pusieron arrodillado en una plancha. Recibió golpes. Le pusieron una llanta que le sujetaba los brazos, lo asfixiaron con una bolsa de plástico que contenía una sustancia picante. Al mismo tiempo lo amenazaban y exigían que se autoinculpara de los delitos.
El 21 de marzo de 2019, Yonny fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Le decretaron prisión preventiva; 7 meses después, el 21 de octubre de ese mismo año, se adhiere a su expediente otro delito: robo calificado.
Su familia externa la desconfianza que tienen respecto al actuar de las autoridades: coraje e impotencia, porque saben que él es inocente y aunque aportaron pruebas, no pudieron liberarlo. “Nos dimos cuenta de que no importaba que presentáramos testigos reales, se mostraron y aún así lo acusaron. Nos dimos cuenta de que no hay justicia”.
El Centro de Derechos Humanos, Frayba, señala las faltas al debido proceso para este caso: 1) Violación al derecho de presunción de inocencia, por exhibirlo públicamente 2) Violación a su libertad personal, porque en la primera detención no se le mostró ninguna orden de aprehensión ni estaba cometiendo un delito 3) Violación a su integridad física y psicológica y a no ser torturado 4) Violación a una investigación de los hechos de tortura que el propio Yonny manifestó en su primera audiencia frente al juez, lo cual fue desestimado.
El horizonte en el caso de Yonny
Alonso Espinosa Sanabria del Frayba, quien brinda acompañamiento psicosocial a víctimas directas e indirectas de tortura, señala que una de las principales preocupaciones de Yonny es ¿Cómo iba a retomar su proyecto de vida? Él quiere seguir estudiando y el hecho de que lo hayan presentado como un delincuente ante la sociedad, le genera un temor al rechazo, por ser exhibido previamente.
Agrega que los métodos de tortura que se llevaron a cabo, están pensados para no dejar secuelas físicas de manera prolongada; en el caso de Yonny, a un año de ocurridos los hechos la mayoría de estas secuelas no se pueden apreciar a simple vista por medio de un examen básico. Pero en los impactos psicológicos, se han encontrado síntomas de estrés postraumático caracterizado por pesadillas y recuerdos recurrentes, depresión, pérdida del apetito, energía y problemas de sueño excesivo.
El 11 de marzo del 2020, en una audiencia, se van a debatir las pruebas respecto a los delitos de homicidio y robo. “Lo que esperamos es que el juez deseche las pruebas que se obtuvieron de manera ilícita”, afirma el Frayba.
La Fiscalía anti-tortura no ha iniciado una investigación por los hechos que sufrió Yonny para poder sancionar a las personas que participaron en los actos de lesa humanidad-, en las mismas condiciones se encuentra el actuar de La Comisión Estatal de Derechos Humanos, denuncia el CDH.
Práctica sistemática de la tortura en la entidad
En Chiapas existen múltiples casos de tortura que presentan el mismo patrón: detienen a una persona de manera ilegal y le fincan un delito. Esto le permite al Ministerio Público tenerla bajo su resguardo 48 horas. En este tiempo te pueden torturar para que te autoinculpes de un delito o culpes a otros, también pueden exhibirte como un delincuente.
“Cuando nosotros decimos que la tortura es sistemática nos referimos a que hay todo un aparato institucional del gobierno del estado de Chiapas que participa en la tortura y que la facilita y apremia, porque participan los ministerios públicos que investigan los delitos”, afirma Jorge Gómez, abogado del Frayba.
Este centro documentó durante 2019 e inicios del 2020, 14 casos de tortura en diferentes municipios del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Palenque, Altamirano y La Concordía.
La familia de Yonny considera que se trata de un modus operandi del actual sistema de gobierno, para justificar un trabajo que no hacen, la impartición de justicia y seguridad, “Para las autoridades de Chiapas la detención de Yonny y de las otras dos personas que están en la misma calidad, significa decir se está cumpliendo la meta, tenemos detenidos, encarcelados”.
