“Es cierto, no queremos la presencia de personas extrañas ni de otros lugares, no queremos los ricos y los empresarios en nuestra comunidad, sabemos que el lugar en donde vivimos es nuestro y por eso lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo. ¿A dónde más vamos a vivir si los empresarios ocupan nuestras tierras? Tenemos que defender lo nuestro. Principalmente la Tierra y el agua. ¿A dónde encontraremos agua después, si no la defendemos? Sólo son mis palabra.”
Mujer Maya Q´ eqchi´
La Aldea de Monte Olivo es un lugar de naturaleza ancestral maya, donde las ceibas reinan la selva tropical –Sus raíces se hunden en el inframundo conectándolo con el mundo terrenal, representado por el tronco de la ceiba, mientras las ramas simbolizan el mundo divino-el eco de los monos aulladores retumba en los montes y el arrullo de las lluvias durante la noche se ilumina con el vaivén de las luciérnagas.
La aldea de Monte Olivo está ubicada en Cobán, Alta Verapaz -uno de los 22 departamentos de Guatemala- lo que hace tan majestuoso a este lugar es su gente de origen maya Q´eqchi´ que aún conserva su lengua y parte de su cosmovisión, el sonido ancestral del caracol de mar convoca la palabra para tomar decisiones mediante la asamblea. A diario se observa a las mujeres que caminan dirección al río vistiendo su “traje ancestral” su corte y su huipil. Mujeres cosechadoras de agua, toman en sus tinajas (kukb’) agua del Río Dolores, cuenca baja del Icbolay- Chixoy, que da de beber a sus hijas e hijos, lavan su ropa sobre una piedra; mientras los niños juegan en el agua turquesa, las jóvenes cepillan su cabello lacio al ritmo de las corrientes del río. En el otro extremo los varones van a bañarse después de una jornada en la Milpa.
El maíz, el chile y el frijol constituyen los principales cultivos que se producen en la región Q’eqchi’. Debido a su importancia económica y cultural, tanto la siembra como su cosecha están asociadas con la práctica ritual. Además en la aldea también tapiscan (cosechan) el cardamomo para su importación a Europa. -traído por los alemanes durante la segunda guerra mundial; lo cuál corrompió la agricultura tradicional ya que nunca ha sido consumido por los habitantes, así comenzó por toda Guatemala lo que se conoce como Estado Finquero-.
La cuenca del río Icbolay, afluente del río Chixoy, dentro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, se ha convertido en una región estratégica para la construcción de hidroeléctricas privadas. En el año 2008, Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) Junto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del gobierno de Guatemala concede la licencia para la construcción de la hidroeléctrica con el nombre HIDRO SANTA RITA. S.A., la cual pretenden construir en el Río “Dolores” la represa que tendrá una capacidad de alrededor de 25 megavatios diarios (lo que la coloca dentro de la categoría de medianas hidroeléctricas).
En el año 2009, empieza a tener presencia la ONG Centro de Estudios para El Desarrollo Rural (CEDER) -dirigida por Claudia Villagrán -quien durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011) fungió como Secretaria de Asuntos Agrarios- así se empiezan a llevar a cabo “proyectos asistencialistas”: es decir estrategias de despojo como “donación de tinacos, pilas, becas para estudiantes, escritorios y útiles escolares. Cuando la ONG ya se ha instalado empieza a persuadir a los y las habitantes acerca de la construcción de la hidroeléctrica en la zona, con el discurso capitalista y colonial que: “beneficiará con trabajo y desarrollo a la gente de las comunidades”.
A partir del 2010, las aldeas de -Monte Olivo, Paso Concepción, Sataña II, Amanecer, Chinacanguini, Ru- bel Yum, Santa Valeria, La Ceiba Norte, Eca Sau Chil, Cantaloc, La Ceiba Dolores y Nuevo Porvenir- que tienen como único recurso hídrico el Río Dolores expresaron su oposición a la construcción de hidroeléctrica en su territorio, a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y de asambleas comunitarias e intercomunitarias lograron plasmar en actas; -las cuales fueron presentadas a la Gobernación departamental sin que esta diera una respuesta-.
Así mismo “solicitan al alcalde del municipio de aquel entonces Leonel Chacón y al gobernador una investigación acerca de los impactos de la empresa”, además de una consulta verdadera a los pueblos como lo dicta la Constitución Política de la Republica de Guatemala en los artículos 66 – 68, o bien el propio el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración Universal de los Derechos indígena.
El capitalismo voraz criminalizando a las comunidades indígenas
La sociedad Hidroeléctrica Santa Rita S.A es parte de un megaproyecto dirigido por la compañía Energía Limpia de Guatemala (ELG), la cual pertenece al Grupo Finco de Guatemala. Además el fondo de capital de riesgo que apoya la construcción de la central hidroeléctrica de Santa Rita es el Latin Renewables Infrastructure Fund o (LRIF) (fondo latino de la infraestructura de las energías renovables). El fondo es administrado por la firma Infrastructure Capital Partners, dirigida por Juan Paez y Stephen Pearlman, y basada en Nueva York.
La institución alemana de finanzas de desarrollo (DEG), la Netherlands Development Finance Company (FMO), el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Fondo Suizo de Inversión para Mercados Emergentes (SIFEM) son inversores en el fondo. Este último declara que su compromiso en el fondo corresponde aproximadamente a 7 millones de dólares mientras que la inversión de la CIF se suma a 15 millones de dólares.
Después de que la empresa hidroeléctrica, a través de la ONG desde años anteriores allana el terreno con proyectos asistencialistas y corrompe el tejido social de las aldeas que se alimentan de las venas del río, ahora sí dan el siguiente paso: contrata a otra empresa constructora para que inicie el trabajo instalándose de esta manera en terrenos de la finca denominada Xalajá lugar a donde trasladan maquinaria pesada, contratan personal para trabajar en la construcción tanto dentro como fuera de las comunidades.
Veinte días después de que la empresa ingresa al territorio y se da pie al trabajo de dragado del río, es en ese momento cuando 20 comunidades deciden realizan una asamblea. En Consecuencias las aldeas indígenas se manifiestan en el lugar donde están destruyendo el río, luego de una serie de nego
ciaciones entre las comunidades y la empresa, ésta cede a la petición de las comunidades y se retira del lugar llevándose consigo la maquinaria y el equipo de trabajo.
Militarización, Criminalización y Muerte: Estrategias de Despojo
Como campaña de criminalización por parte del gobierno guatemalteco y de la empresa en el mismo mes de febrero de 2012 la empresa hace la denuncia en el Ministerio Publico, así se emite orden de Captura desde la instancia penal de Cobán contra los líderes comunitarios: Esteban Caal, Jose Maria Guitz, Angel Tot, Mario Ja y Alfredo Tiul quienes “son acusados de plagio y secuestro, detención ilegal y robo agravado”.
En el marco en el que los líderes se encontraban participando en la Marcha Indígena Campesina y Popular en la cual se tenia como consigna la exigencia de la retirada del ejercito de Monte olivo a manera de control de las aldeas, comienza la militarización por parte del Gobernador Departamental de Cobán Ronald Sierra, “él solicita al Gobierno Central instalar un Destacamento Militar en la Comunidad Monte Olivo (siendo este el centro de resistencia)”.
El 7 y 8 de agosto 2012, se hizo una asamblea con las comunidades en donde se elaboró un memorial dirigido al Alcalde Municipal de Coban A.V. en la que se le solicitaba que la dirección de medio ambiente de la municipalidad revisara el proyecto hidroeléctrico Sta. Rita y emitiera un Dictamen sobre los efectos e impactos que este tendría en el medio ambiente, las comunidades y el ecosistema del río dolores. también de convocar a una consulta focalizada en la zona o territorio de influencia donde se pretende construir la hidroeléctrica Santa Rita, sin embargo la municipalidad nunca dio respuesta a las comunidades, al contrario inicia una serie de medidas que van desde no reconocer a las autoridades comunitarias, negándoles así inscribirse a los COCODES, además de negar inversión municipal en el presupuesto del año 2013.
Claudia Villagrán directora de CEDER en el mes de enero de 2013 llama a David Chen, para negociar el ingreso de la empresa mediante una mesa de diálogo, -a la cual se niegan las asambleas comunitarias, ya que la empresa no desistió con las ordenes de captura contra cinco líderes de la comunidad-.
Tiempo después ella visita a David Chen uno de los lideres de Monte Olivo: “Cuando viene esa señora me ofrece mucho dinero, a cambio de que deje de defender la vida de mi comunidad, […] yo sé que no es lo correcto, ¿De qué me serviría ese dinero?, tal vez me iría a vivir a Guatemala y dejaría a mi comunidad, mi padre me enseño a ser honrado, y prefiero que mis hijos crezcan aquí” eso reflexiono el líder de la comunidad mientras cenábamos en su casa de madera y sus hijos dormían en la hamaca.
En el Marco de la visita del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El líder comunitario David Chen sufrió un intento de homicidio por Guillermo Pacay Bol, sin obtener la vida de Chen –ya que él no se encontraba en casa- arrebata la vida de los niños Isaac Maas Guitz y David Estuardo Pacay Maas.
Ante este acto grotesco ni la PNC ni la PDH asumió responsabilidad, ni dio respuesta siquiera para la captura del asesino que estaba en estado de ebriedad y que incluso el mismo asumió ser el responsable ya que fue contratado por la misma empresa.
Un año más tarde se agudiza la represión
Desde el 14 hasta el 16 de agosto de 2014, se inició una operación represiva contra las comunidades Q’eqchi de Cobán, Chisec y Raxruhá. Más de 1500 oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) Guardias de Seguridad Privada y un grupo paramilitar vestidos de PNC se volcaron a la región, con el pretexto de que las comunidades estaban invadiendo propiedad privada de la finca Xalajá, sin embargo, las comunidades habían realizado un bloqueo pacífico llamado “9 de Febrero” para evitar que la maquinaria entrará al encause que se forma por el encuentro entre los ríos Dolores y Canguinic y así proteger la vida de sus hijos.
Pero la PNC pretendía dar su mayor golpe desmantelando violentamente a Monte Olivo -centro de resistencia contra la hidroeléctrica-. La represión dejo un saldo de tres mujeres y dos hombres capturados ilegalmente y más de 50 heridos con bombas lacrimógenas.
La policía invadió y ocupó propiedad de los lugareños, tierras comunales durante más de un día los guardias de seguridad privada accionaron sus armas , forzando a las familias a tomar refugio en las montañas. Las fuerzas de seguridad ingresaron a las viviendas lanzando bombas lacrimógenas intoxicando a niños y ancianos, además robaron desde dinero, ropa tradicional, y sus medios de comunicación como radios y celulares para así dejarlos aislados. El choque causado por el ataque provocó problemas de salud a tres mujeres embarazadas. Algunos policias intimidaron física y sexualmente a mujeres al final más de 30 ordenes de captura. Además en Semococh tres asesinatos extrajudiciales.
El 21 de abril 2017. Bajo engaño fueron detenidos Rolando Güitz Pop y Blanca Estela Güitz Pop por la fiscalía distrital del Ministerio Público – MP, de Cobán en Alta Verapaz. Ambos son hermanos de la etnia maya Q’eqchi, de la comunidad Monte Olivo del mismo municipio. Ellos se presentaron junto al bufete de derechos humanos, quienes les representan legalmente y fueron escuchados. Luego de dar su declaración, la fiscalía se comprometió a tramitar el desistimiento de las acusaciones. La sorpresa fue que al terminar -aún dentro de las instalaciones del edificio del MP- fueron detenidos por agentes del DEIC, sin que quedara claro para ellos y sus abogados de qué delitos los acusan.
Para concluir es importante no olvidar el proceso histórico y genocida en contra de los grupos indígenas mayas Q´eqchi´; la masacre de Panzós como parte de los crímenes históricos perpetrados por parte del Estado de Guatemala y del ejercito, a causa de que las comunidades protestaban desde aquel entonces –29 de mayo de 1978-en contra de los abusos de las empresas transnacionales y terratenientes locales que operaban en la región de Alta Verapaz e Izabal conocida como el valle del Polochic, Guatemala.
La apuesta por el uso de estos recursos hídricos sin las necesarias conside
raciones económicas, sociales, ambientales y culturales hacia los pueblos de Latinoamérica; han provocado un agudo conflicto de intereses, caracterizado por rechazo, represión, ruptura de la cohesión social, violencia y un retorno a las violaciones de derechos humanos; a causa de una consulta pública inapropiada, lo que ha desembocado en un proceso de criminalización y militarización dirigida por los poderes fácticos contra opositores de los proyectos de despojo y muerte.
