Ayotzinapa, Guerrero.(12/12/2014) Alrededor de diez mil personas marcharon este día en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, al conmemorarse tres años de la ejecución extrajudicial de los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Ambos asesinados a sangre fría y a quemarropa en la autopista del Sol, durante un violento desalojo por parte de la policía estatal y federal el 12 de diciembre del 2011, cuando el mandato del gobernador Ángel Aguirre Rivero iniciaba (hoy con licencia). En ese entonces los estudiantes normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” exigían una audiencia con el titular del gobierno del estado, sin embargo lo que recibieron fue balas y agresiones.
En ese entonces también hubo persecución por parte de policías estatales y municipales a los normalistas, entre los cerros cercanos a los que corrieron para refugiarse de las balas de las autoridades, a quienes tuvieron la mala fortuna de ser detenidos en ese entonces fueron torturados y obligados a disparar armas de fuego para realizar un montaje, en donde incriminarían a los normalistas diciendo que ellos iniciaron la balacera de ese día.
La marcha del día de hoy, como las que ha convocado los estudiantes, fue multitudinaria culminando en el punto donde ejecutaron a los jóvenes estudiantes. El mitin fue realizado por padres de familia que recordaron los ideales de sus hijos caídos, además los padres de los desaparecidos el 26 y 27 de Septiembre de este año desmintieron las declaraciones del titular de la secretaría de marina, recalcaron que ellos no han negociado con el gobierno federal.
Instaron hacer su trabajo a las autoridades para que los 42 normalistas regresen a sus hogares, además de presentar a los consignados hasta este momento y aclaren la muerte de los 4 normalistas en iguala.
Ficha el CISEN a defensor de los normalistas Vidulfo Rosales Sierra.
Estas jornadas de lucha contra la impunidad quedaron marcadas por los archivos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dio a conocer en donde presenta una supuesta investigación realizada por ellos al defensor de los normalistas, la ficha refiere a Vidulfo como alguien relacionado con cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Las declaraciones se emiten en un contexto donde el estado mexicano pretende criminalizar la defensa de los derechos humanos en México, así como la protesta social, particularmente en el estado de Guerrero, donde históricamente han sucedido graves violaciones de derechos humanos.
En este contexto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha jugado un papel clave en la defensa de varios actores sociales. Además de su desempeño en la normal Isidro Burgos, el abogado trabaja en los conflictos de la CRAC – PC y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) donde en noviembre a escasos días de iniciar un plantón fueron agredidos por sicarios, cuando atacaron la concentración; además también de asesorar a la oposición a la reforma educativa con la CETEG.
Da asesoría a indígenas defraudados por bancos; demandas de agua y hogar en la Montaña y la Costa Chica, en este sentido la institución federal busca una salida militar a una situación que los ha rebasado debido a las multitudinarias y frecuentes marchas alrededor del mundo y evidencia una vez más su incapacidad, su relación con el crimen organizado, y finalmente que no le interesa aclarar estos crímenes sino todo lo contrario busca criminalizar, acallar las voces de estos defensores.
También es precupante la vinculación que hacen de las policías comunitarias con la guerrilla. Dos actores que sin duda alguna han abrazado a la normal de Ayotzinapa desde las primeras horas de los hechos de Iguala.
