Sólo después de que el último árbol sea cortado, sólo después de que el último río sea envenenado, sólo después de que el último pez sea apresado, sólo entonces, sabrás que el dinero no se puede comer”

Profecía india

 

Hace siete años inició la amenaza de destruir el Gran Bosque Otomí-Mexica y convertirlo en un proyecto carretero llamado Autopista Toluca-Naucalpan que abarcaría los 39.3 kilómetros. Tratando de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras y eliminar uno de los principales pulmones del estado de México -gran abastecedor de agua con destino al Valle de México y Toluca- para abrir paso a una concesión de 30 años otorgada a la empresa Autopistas Vanguardia S.A. de C.V o Grupo Higa, que recibirá todas las ganancias si este proyecto se concreta.

Un ahorro de 15 minutos de tiempo en carretera, a costa de sacrificar árboles de hasta 200 años de vida, dice el Frente Juvenil de Xochicuautla en entrevista con Regeneración Radio.

Según cifras oficiales, son 600 mil metros cuadrados los que abarcará la autopista, sin embargo, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra asegura en su portal en línea que serán 960 mil metros cuadrados devastados directamente. “El proyecto de autopista además contempla expropiar los 100 metros a cada costado de la autopista, abriendo la puerta a la construcción de gasolineras, hoteles, restaurantes y en general la urbanización que destruiría el equilibro ecológico en la zona del gran Bosque de Agua”, declaran.

 

Área natural protegida, lugar sagrado en peligro

Un enorme daño ambiental está por ocurrir con la aprobación de la Autopista, pues la producción de agua reduciría hasta en una cantidad de 250 millones de litros por año /Fotografía: Colectivo Más de 131

El proyecto inicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, quien en 2006 declaró como área natural protegida este bosque en la categoría de  “Santuario del Agua”, en 2007 lo denomina como “Patrimonio Ecológico del Estado de México”; meses después inicia la tala que pretendería aniquilar a más de un millón de árboles.

 

Cacamilhuacan, región de Almoloya del Rio /Fotografía: FPIDMT

 

Considerado como un lugar sagrado por los pueblos indígenas ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí, abarca desde Tequixquiac hasta Villa del Carbón. Cuenta con una edad geológica de 2 millones de años. Es una ruta sagrada de las peregrinaciones Otomíes a Nacelagua y al Cerro de la Campana, en donde se sigue conservando la tradición de llevar ofrendas de flores y frutas, así como encomendarse a la naturaleza para la curación de enfermedades, además de conservar  la vida de cientos de especies de plantas, aves y humedales en peligro de extinción.

Pese a las tradiciones indígenas y la categorización que el gobierno priísta le dio a esta zona protegida, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, sostiene que “La autoridad municipal de Lerma, México mediante certificación, hizo constar que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifiquen con algún valor histórico, artístico y/o cultural; de igual manera no forman parte del dominio público federal, estatal o municipal”.

 


Según datos oficiales, publicados en el portal de transparencia del Estado de México, se ha realizado una inversión de 5 mil ciento 10 millones de pesos y el proyecto lleva un avance del 13.4% en la actualización de mayo de 2013.

 

Una nueva amenaza

Operativos en el Bosque Otomí Mexica/ Fotografía: FPIDMT

 

La organización de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco, San Lorenzo Huitzizilapan, La Concepción Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla han logrado detener en varias ocasiones la maquinaria que ha llegado a talar cientos de árboles, han conseguido frenar el proyecto de ecocidio. Sin embargo, desde 2013 han declarado estar en Alerta nuevamente, pues a pesar del amparo 504/2013 -aprobado el 27 de mayo del mismo año, que ordena la suspensión provisional de la obra de construcción- en agosto se intentó iniciar nuevamente la construcción, ahora en el sexenio de Eruviel Ávila Villegas.

El hostigamiento ha sido continuo a lo largo de estos siete años, ha habido detenciones, amenazas y compra de votos a favor de la autopista impuesta. En 2014 ha sido a través de operativos policiacos constantes por parte de las autoridades estatales y municipales, así como la infiltración en las asambleas comunitarias, acarreo de comuneros e imposición en el proceso de elección del Comisariado de Bienes Comunales el 14 de abril

El Comisariado de Bienes Comunales pretende ahora cambiar el uso de suelo en la Comunidad indígena, para así poder realizar la tala de árboles y dar paso al proyecto de autopista,  denuncia la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan, quienes además responsabilizan al  al Gobernador Eruviel Ávila y al Presidente Municipal Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca por las ilegalidades cometidas en contra de la población y los recursos naturales.

El FPIDMT exige “se respete cada una de las garantías sobre los derechos de los pueblos originarios indígenas: soberanía, autonomía, garantías individuales, constitucionales e indígenas”.

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