El pasado 12 de agosto de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) a través de un escrito, notificó a las señoras Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por elementos del Ejército Mexicano en 2002, han sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).
En el escrito el Ministerio Público de la PGJM comunica que “… la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s] número SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E. Derivado de lo anterior, esta Fiscalía Militar, giró [dos] oficio[s] el veintinueve de julio del año en curso, mediante el cual remitió a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República [ambas] indagatoria[s] de referencia, a fin de que se determine lo que en derecho proceda”.
Este hecho surge luego de que el pasado 28 de julio de 2011 Inés y Valentina hicieron la solicitud formal a la PGJM y a la PGR para que sus casos fueran investigados en el fuero civil, en el contexto de la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que a partir del análisis del expediente “Varios 912/2010” (Rosendo Radilla), resolviera que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a Derechos Humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles.
El traslado de las investigaciones de los casos de Inés y Valentina al fuero civil, constituye un precedente fundamental para que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.
Ahora, la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables, mismos que ya han sido identificados por Inés y Valentina. Sin embargo, como se explica en el comunicado adjunto, la remisión al fuero civil de los casos no agota las obligaciones impuestas a México en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) referentes a los casos de Inés y Valentina, por lo que la PGR y su titular, la Procuradora Marisela Morales deberán garantizar una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por el Tribunal Interamericano.
Cabe recordar que la remisión de los expedientes al fuero civil ocurre 9 años después la violación y tortura a las mujeres me’phaa, y no como consecuencia expedita y cabal de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado Mexicano.
