Trabajadores alcoholizados, agrediendo a vecinos… más del autoritarismo del GDF

Boletín informativo a medios y ciudadanos

Frente Amplio contra  la Supervía, n. 28, 19 de octubre 2010

Cerca de las ocho de la mañana del día 19 de octubre de 2010 llegaron cerca de 30 obreros sin herramientas hasta la colonia La Malinche; las herramientas ya habían sido introducidas a través de algún otro predio.  Cerca de La Loma había cerca de 20 obreros más. Los trabajadores venían al mando de Enrique Aguilar, funcionario de la Subsecretaría de Enlace Metropolitano, cuyo titular es Héctor Hernández Llamas. Se convocó a los vecinos y  como los obreros no iniciaban su labor,  un ingeniero con el que venía y que no quiso identificarse, se dirigió a ellos diciéndoles que empezaran y que si había problemas “les partieran la madre” aludiendo a los vecinos.

Enrique Aguilar solicitó la presencia de la fuerza pública; se presentaron varios elementos de la policía que tuvieron que llevarse a uno de los trabajadores, pues como varios de sus compañeros mostraban evidencias de haber ingerido alcohol. En esas condiciones se agredió a la señora Josefina Martínez y también a Rafael Martínez, sin que hubiera justificación. La señora Martínez presentó una denuncia de hechos en el ministerio público ubicado en el Oasis, La Magdalena Contreras.

Se solicitó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que acudió a la zona cerca de las nueve de la mañana. Los funcionarios no quisieron identificarse a solicitud de Laura Gómez de la CDHDF y tampoco  le presentaron los permisos técnicos que decían traer consigo.

Esto resultó similar a un acto de provocación del 5 de Octubre, al cual también acudió la CDHDF. Entonces la Tercera Visitaduría solicitó por escrito que se le informara la adscripción del Enrique Aguilar y que se informara ampliamente a los vecinos de La Malinche cuáles serían los trabajos que pretendían realizar.

También la Comisión solicitó que se presentaran los dictámenes periciales y otros documentos necesarios previos a la realización de los trabajos que pretendían llevar a cabo. Hoy día no ha habido respuesta por parte de las autoridades a la solicitud de la CDHDF.

Ese día (5 de octubre) se acordó que retirarían el escombro de un predio determinado y que acudieran con los dictámenes periciales que justificaran otras obras que pretendían hacer. No se volvieron a presentar sino hasta hoy pretendiendo ampliar los trabajos y sin mostrar la documentación previamente acordada.
Consideramos grave que el Gobierno del Distrito Federal insista en el autoritarismo, actuando sin dar la información necesaria, sin transparencia, sin tomar en cuenta a los vecinos afectados y sin seguir las disposiciones legales en relación con los trabajos que pretenden realizar.

Se ha demostrado a través de la participación de especialistas en medio ambiente, en derechos humanos, en urbanismo, en movilidad y tránsito de reconocido prestigio, que el proceso que ha seguido el GDF desde que anunció que se construiría la Supervía en 2008, y a partir de la declaratoria de necesidad, carece de sustentos técnicos y legales.

Hasta ahora no sólo no rectifica, sino que se siguen acumulando las irregularidades y haciendo caso omiso de las medidas cautelares que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto también altera el orden público y los medios pacíficos e institucionales, por los cuales los vecinos queremos resolver las controversias.

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