México
El 16 de abril de 2010,el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación
El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH) sobre el allanamiento y robo de las instalaciones de la revista Contralínea en el Distrito Federal.
Según la información recibida, entre el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril de 2010, varios individuos violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, computadores y celulares. El allanamiento ha sido denunciado por la revista ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que le ha asignado el número de expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.
El allanamiento sucede en el contexto en que la revista Contralínea está siendo sujeto de demandas civiles y penales por su trabajo de denuncia de temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla. De hecho, este nuevo robo se suma a la serie de acosos que los periodistas de ese medio de comunicación han padecido desde 2007.
De acuerdo a la información recibida, desde 2007 tanto la empresa Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, como su Director, el Sr. Miguel Badillo, y la periodista Ana Lilia Pérez y los trabajadores de Contralinea han sido objeto de diversas demandas por parte de los grupos empresariales Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine, contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que pudieran estar relacionadas con las publicaciones de la revista sobre la corrupción y la adjudicación irregular de contratos por parte de algunas empresas.
A raíz de estas denuncias, el 16 de enero de 2009, el Sr. Miguel Badillo fue arrestado y posteriormente puesto en libertad en la ciudad de México, a petición del Juzgado 3 en Materia Civil con sede en Guadalajara. Por los mismos hechos existía una orden de arresto contra la Sra. Ana Lilia Pérez. Anteriormente, en 2008 y 2009, miembros del Grupo Zeta, acompañados de guardaespaldas armados y funcionarios públicos allanaron las instalaciones de la revista. El 5 de agosto de 2008, el mismo día que el allanamiento tuvo lugar, la Sra. Ana Lilia Pérez fue víctima de seguimiento por parte de un individuo no identificado cuando se trasladaba a su domicilio.
Con relación a estas demandas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 del 14 de septiembre de 2009 donde se advierte que que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los periodistas de la publicación. La recomendación de la CNDH establece que sobre el caso del Sr. Badillo, de la Sra. Pérez y de los integrantes de la revista Contralínea, se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al Magistrado Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y al Sr. Juan José Suárez Coppel, Director General de Petróleos Mexicanos.
Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la CNDH y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El Observatorio condena rotundamente el allanamiento y robo de las instalaciones de la revista Contralínea y teme que éste haya sido motivado en razón de sus actividades de denuncia de violaciones a los derechos humanos.
El Observatorio señala su profunda preocupación por la situación de hostigamiento en contra los periodistas que mediante su labor defienden los derechos humanos en México, Igualmente, el Observatorio expresa su preocupación por las represalias en contra de los medios de comunicación independientes, y manifiesta de manera general su seria inquietud por la situación de inseguridad de los defensores de derechos humanos en México.
