El 22 de diciembre de 1997 miembros del grupo Máscara Roja atacaron a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban rezando en el interior de una capilla en la comunidad de Acteal ubicada en la zona de los altos de Chiapas. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas.
Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, opositores y grupos defensores de derechos humanos, la consideran parte de una estrategia gubernamental para desarticular la base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Acteal es una comunidad pacifica y civil, en ella se encuentra la asociación civil de las abejas con presencia de mas de 18 años. Comunidad indígena tzotzil, ellos son campesinos y productores orgánicos, mantienen una cooperativa de café y artesanías que hacen las mujeres, tienen promotores de salud, educación, cultura, religión y coordinadores para las diferentes actividades.
El 12 de agosto del 2009 suprema corte de justicia declara libres a los actores intelectuales del asesinato siendo esto el golpe más fuerte para los compañeros de las abejas, ya que para ellos la justicia en México no funciona. El asesinato, el gobierno lo ha sintetizado como un problema inter comunal o de religión, utilizando este argumento para ocultar la problemática real, ellos nos comentan “la ley en la que podemos confiar ha sido transgredida pues la que la ganaron fue por la sangre de quienes lucharon para tener justicia en México.”
Actualmente el gobierno implementa proyectos productivos para dividir a la comunidad, como regalar pollos, material para lo que ellos le llaman piso firme, bicicletas, etc., el argumento del gobierno es que con dichos proyectos implementa la paz en las comunidades y mejoras en la comunidad.
En próximos días los compañeros Sebastián Pérez Vázquez presidente de la mesa directiva de la organización las abejas Acteal, Vicente Luna Ruiz, sobreviviente de la masacre integrante de la asociación civil las abejas y familiar de 5 compañeros asesinados, él es un testigo ocular que identifica plenamente a los paramilitares y el abogado Rubén Moreno del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; nos comentan en entrevista que han llevado el caso a diferentes instancias nacionales sin encontrar ningún resultado, buscaron instancias internacionales por lo cual presentaran una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Después de la liberación de los paramilitares que participaron en el asesinato, ellos han realizado varias actividades como ayunos, peregrinaciones con mas de 2500 personas y cada día 22 del mes recuerdan el asesinato, donde participan observadores civiles.
Rubén Moreno abogado del Frayba, nos explica que recurren a la comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su 137 periodo de sesiones para entrevistarse con los comisionados de la misma, para que se escuchen de viva voz los testimonios de los compañeros y de esta manera sensibilizar su corazón para que admitan revisar el caso de este crimen. Aprovechando que se han encontrado documentos en los que se prueba que el gobierno de México con ayuda del de Estados Unidos, armó y entrenó a los grupos paramilitares para operar en Chiapas y poder realizar este acto de asesinato en Acteal
Los sobrevivientes de la masacre y familiares junto con el Frayba, acusan al gobierno de México, de dos motivos, el primero por las acciones de violencia en contra de Acteal y la segunda por omisión en el caso de no implementar la justicia.
La denuncia también suma la omisión que después de 11 años y 8 meses no se aclarado el caso, y que a pesar de que hay testigos presenciales, el gobierno no los ha tomado en cuenta. Entre las omisiones del caso es que algunos de los actores intelectuales de los hechos han declarado que si cometieron el delito de asesinato y a pesar de esto fueron puestos en libertad. Aclarando este proceso ayudaría a prevenir que se vuelvan a repetir los hechos.
Actualmente los asesinos ya se encuentran en sus casas en Acteal y otros en Tuxtla Gutiérrez y nuestros compañeros temen por la vida de los integrantes de la comunidad y cualquier represalia que el gobierno pueda ejercer en contra de la misma.
Ellos llaman a sumarse a las actividades, pero sobre todo difundir la situación actual en la que se encuentran.
