El pasado 6 de abril se llevo a cabo una movilizacion que fue producto de la cerrazón del Gobierno de la Ciudad, que ha hecho oídos sordos al Movimiento Urbano Popular, en sus reclamos por resolver los derechos más elementales de la población: el derecho humano a la vivienda, al Hábitat y a la ciudad.

“Al mismo tiempo que condenamos las acciones represivas que el GDF a llevado a cabo en contra de diversas organizaciones urbanas y campesinas de esta ciudad, y exigimos el cese inmediato de esa estrategia de contención de las luchas sociales y que es violatoria de la Constitución Política. Así mismo, hacemos responsable al Jefe de Gobierno de cualquier intento por reprimir esta justa manifestación pacífica y las futuras que nos veamos obligados a hacer.

Le hemos insistido al Jefe de Gobierno que ni en el país ni en la Ciudad de México existe una verdadera Política de Vivienda que atienda con una visión humana la creciente demanda de la misma y el lacerante déficit que hoy padece la población”

La escasez de suelo se ha convertido en el principal problema para poder satisfacer la demanda de vivienda de los más pobres, y el poco suelo que aún esta en condiciones de ser utilizado ha sido acaparado por las inmobiliarias y los usureros del suelo quienes han desatado una especulación sin precedentes en la ciudad.

Contrario a lo que se piensa el famoso Bando 2 emitido por López Obrador en el 2000 solo sirvió para que el proceso de acaparamiento del suelo para vivienda fuera concentrado por los dueños del dinero, ya que el GDF nunca ha tenido claro cuanto suelo se requiere para la atención de la vivienda popular.

Por ello, a pesar de que los diversos gobiernos de la capital han incluido en sus programas de desarrollo la creación de una reserva de suelo para los programas habitacionales dirigidos a la población pobre, la realidad es que este objetivo nunca ha dejado de ser meramente declarativo y nunca se ha convertido en realidad.

Prueba de ello es que el MUP, en diciembre de 2007, logró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara 50 millones de pesos adicionales al presupuesto de 2008 del Instituto de Vivienda para la adquisición de suelo, y 150 millones de remanentes que serían transferidos al INVI en el transcurso del año pasado, sin embargo solo le fueron asignados 25 millones a ese rubro.

Los inmuebles en situación de riesgo sigue siendo un enorme problema en la ciudad, hasta finales del año pasado solo el INVI tenía 1600 solicitudes de expropiación de inmuebles en esta condición, sin embargo a pesar de ello no se destinan recursos para la atención de este rubro, que con el paso del tiempo se convierte en una verdadera bomba de tiempo, ya que como es de todos sabido la posibilidad de un gran sismo de magnitudes similares o incluso superiores a las de los sismos de 1985 es cada día más posible y cuyas consecuencias hablando de pérdidas humanas serían lamentable, sin considerar los costos económicos, situación que puede ser prevenible y resuelta con anticipación.

La falta de interés por atender esta situación, se ha visto reflejada en las diversas reversiones de expropiaciones, como resultado de la nula o ineficaz defensa que el GDF ha hecho de las mismas, poniendo en riesgo a cientos de familias de ser desalojadas o de morir sepultadas, como consecuencia de la indiferencia y negligencia gubernamental.

La falta de una política permanente mediante la cual el Gobierno de la Ciudad constituya una reserva estratégica de suelo apto para vivienda popular, ha ocasionado que en estos momentos prácticamente ya no haya predios que desincorporar, dejando al libre mercado y a la especulación el suelo urbano, violando la legislación tanto federal como local, así como los derechos humanos al suelo, la vivienda y la ciudad. En el caso de aquellas que se han logrado concretar o están en trámite, se han visto envueltas entre el tortuguismo, bandos, burocratismo, intereses políticos y negligencia de las autoridades.

El derecho humano a la vivienda está considerado por Naciones Unidas como un derecho medular, en virtud de que sin su plena satisfacción resulta prácticamente imposible pensar en el cumplimiento del resto de los derechos humanos. Por ello, resultan incongruentes tanto el gobierno federal, como los de los estados, que se dicen ser respetuosos de los derechos humanos y a la fecha no cuentan con los datos reales del déficit de vivienda y mucho menos con una proyección de la demanda futura en esta materia, obvio resulta que mucho menos cuenten con una proyección, planeación y programación de los recursos económicos necesarios para resolver el derecho humano a la vivienda.

Por esta razón, el MUP le planteó al Jefe de Gobierno la necesidad urgente de la realización de un diagnóstico de vivienda de la Ciudad de México, el cual fuera el instrumento esencial para la elaboración de una política de vivienda, que actualmente no existe, que realmente se planté a mediano plazo la reversión del déficit, y que sensibilice tanto al gobierno como a los legisladores sobre la gravedad del problema, evitando con ello la expulsión de miles de familias que cada año se ven forzadas a abandonar la ciudad por falta de oportunidades para tener una vivienda.

Desde hace dieciséis años se inició el proceso privatizador de la vivienda en México, con el desmantelamiento del FONHAPO y con los cambios en el INFONAVIT y el FOVISSSTE, entregando la producción de vivienda de interés social a las empresas privadas. Este proceso culminó en el año 2000, con la llegada al poder de Vicente Fox, quien canceló la obligación del Estado de destinar recursos para créditos para la construcción de vivienda de interés social, cancelando con ello también el derecho humano a la vivienda de los mexicanos, violando la Constitución Política.

Justamente dos años antes de que el gobierno federal cancelara todo crédito a la vivienda de interés social, en el Distrito Federal se creó el INVI, que hasta la fecha es el único organismo de vivienda en el país que financia la producción social de vivienda y la vivienda de interés social.

Sin embargo, desde la administración de López Obrador, las organizaciones urbanas independientes del gobierno nos vimos bloqueadas y gran parte de nuestros proyectos fueron mandados a la congeladora en el INVI, iniciándose al mismo tiempo un proceso de intervención directa del instituto al interior de nuestras organizaciones, fomentando la división con la finalidad de liquidarnos.

Sin embargo con la llegada de José Antonio Revah como director se creyó que las cosas iban a cambiar, sin embargo, al interior del INVI se continuó con el bloqueo a nuestros proyectos con dos agravantes más, por un lado las nuevas autoridades del Instituto no nos creían que hubiera consigna contra el Movimiento Urbano Popular y por otro lado, se desató una lucha interna entre las nuevas autoridades y los funcionarios que quedaron de la anterior administración por el control de esa institución de vivienda.

Se llevaron a cabo varias movilizaciones en el 2007 y 2008 para que la agenda de los acuerdos del MUP con el INVI fuera firmada por el Jefe de Gobierno como testigo de esos acuerdos, obteniendo el compromiso de que aquel funcionario de ese Instituto que no cumpliera sería removido de su cargo; A pesar de todo ello, en el INVI las cosas no cambiaron y el cumplimiento de la minuta de acuerdos no se concretó, por lo que se tuvo que
movilizar nuevamente en diciembre del año pasado, logrando una nueva reunión con el GDF donde se reitero nuevamente los desacuerdo con la política de vivienda que se aplicaba en el Instituto, así como los innumerables problemas que existen en la operación de esa institución, tomándose la decisión de reforzar el seguimiento de los acuerdos adoptados con el Lic. Ebrard.

Sin embargo y a pesar de que el trabajo que se había hecho durante meses permitía visualizar una solución a corto plazo a la agenda del movimiento, nuevamente esto no se dio, situación que se vio agravada con la llegada al INVI de Ulises Lara, funcionario que de entrada recibio al movimiento acusandolos de corrupcion aún sin conocerlos, y el despido de más de 25 trabajadores de ese Instituto sin valoración alguna de su trabajo y desempeño, así como la llegada de nuevo personal y sin experiencia, cortó de tajo todas las posibilidades de concretar los proyectos a corto plazo, al perderse la memoria de los avances en las negociaciones de todos los grupos.

En estos momentos el INVI está viviendo un caos, lo que ha ocasionado la protesta de casi todas las organizaciones y prácticamente se la pasa cerrado todos los días, por lo que se llevo a cabo una nueva movilizacion el pasado 17 de marzo para exigirle al Jefe de Gobierno una CIRUGIA MAYOR a ese Instituto, que consiste en una revisión profunda de la operación, estructura y política del Instituto de Vivienda del Distrito Federal;

Que resulta indispensable que el INVI retome su objeto esencial de atender a la población más pobre de la ciudad, diseñando, elaborando, proponiendo, promoviendo, coordinando, ejecutando y evaluando las políticas y programas de vivienda para alcanzar dicho objeto, su carácter eminentemente social y de impulso a la producción social de vivienda.

Esto en contraposición a lo que hoy es el INVI, un instituto burocratizado, corrompido, faccioso en el uso de los recursos, en el que se está privilegiando la inversión de los privados, que fomenta y promueve la división y destrucción de las organizaciones sociales, y que aplica el tortuguismo para desalentar la gestión social de vivienda.

Otro aspecto que el MUP ha planteado sistemáticamente al GDF y al Jefe de Gobierno ha sido lo referente al Desarrollo Urbano de la Ciudad, aspecto esencial para el futuro de la Capital del País.

La lucha por el aprovechamiento racional del suelo urbano, la protección de las áreas de reserva ecológica, el desarrollo habitacional, el abasto, el comercio, los servicios públicos, el transporte público, el abasto popular y sobre todo la participación de la población en la toma de decisiones en todos los aspectos de la vida de la ciudad.

El proceso de expulsión de población que ha venido padeciendo el Distrito Federal desde hace ya 10 años, se ha extendido prácticamente todas las delegaciones políticas, fenómeno que es el resultado de la falta de opciones en materia de vivienda, orillándolos a ocupar zonas de alto riesgo en barrancas, faldas de los cerros, zonas inundables en toda el área metropolitana, así como la ocupación de espacios en las zonas de reserva ecológica del DF.

Esto habla de que el Distrito Federal no está cumpliendo con su responsabilidad de atender las necesidades derivadas del propio crecimiento de su población y de que ni el gobierno ni los diputados locales se preocupan por dicha situación.

La ausencia de una política de vivienda que permita la planeación del desarrollo habitacional en la ciudad ha permitido su crecimiento caótico y desordenado, situación que se ha agravado con el impulso que se está dando a la inversión privada e incluso a la canalización de los recursos del INVI a este sector, que para disfrazarla hoy las inmobiliarias están conformando asociaciones civiles para obtener créditos del Instituto de Vivienda y los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda, es decir incrementando sus ganancias al apropiarse de los beneficios que deberían ser aprovechados de manera directa por la población de bajos recursos. Esta política es semejante a la implementada por el gobierno federal.

Como parte de la lucha por que el GDF realmente fomente a la Producción Social de Vivienda y a la vivienda popular, el MUP participó, desde marzo de 2007 hasta el mes de agosto del 2008, con propuestas para la elaboración del “Proyecto de Norma General de Ordenación para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable”, sin embargo después de un año y cinco meses de trabajo ininterrumpido, la ALDF se negó a aprobarla, y no solo eso sino que la propia Asamblea ha estado aprobando nuevos Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, dejando sin posibilidades de construcción de vivienda popular en la Delegación Iztapalapa y condicionada en la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que el GDF tiene que garantizar que los proyectos del INVI y de las organizaciones sociales puedan desarrollarse en toda la ciudad.

Como resultado de la política del GDF de restringir el comercio en vía pública en el Centro Histórico, aunado a la crisis estructural capitalista mundial, ha puesto tanto a los artesanos indígenas como a los comerciantes ambulantes en una situación grave de subsistencia, y a pesar de nuestras solicitudes para la atención integral del problema solo se ha quedado en propuestas sin soluciones concretas hasta el momento.

Durante el pasado período de sesiones de la ALDF se intento aprobar una iniciativa de Ley Indígena del Distrito Federal rompiendo el acuerdo previo de realizar una consulta amplia y democrática con las comunidades indígenas originarias y residentes de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de que se logró impedir dicha aprobación, nuevamente se amenaza con volverla a subir al pleno de la Asamblea para su aprobación, sin haberse cumplido el compromiso de la consulta, por lo que seguiremos exigiendo del Jefe de Gobierno para que en caso de que se aprobara, ésta sea vetada.

Una de las principales luchas que ha dado el MUP durante toda su historia ha sido la defensa de los derechos políticos y civiles, así como el respeto irrestricto al derecho constitucional a la libre expresión y manifestación, por lo que, la intención que tiene la ALDF de aprobar una ley que reglamente las marchas en el Distrito Federal, esconde el verdadero fondo político de acallar la protesta social que se ha venido incrementando por la crisis permanente en la que se encuentra el pueblo de México, debido a la aplicación de la política neoliberal y hoy profundizada por la crisis económica mundial; es parte de las posiciones fascistas y reaccionarias que se han desarrollado a lo largo y ancho del país y que solo buscan justificar la represión y persecución política; su aprobación constituiría una artera violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, se reitera la exigencia al Jefe de Gobierno, de que en caso de que esa nefasta iniciativa sea aprobada, ésta sea vetada sin vacilación alguna.

Esto solo lo explica la hipótesis de que el Gobierno de la Ciudad esta cediendo a las presiones de los grupos de la oligarquía que pretenden poner en la ilegalidad al movimiento social como paso previo a su liquidación, despreciando las demandas populares aún al costo de afectar su credibilidad incumpliendo su compromiso plasmado en acuerdos firmados previamente, por lo que el día de hoy nos hemos manifestado para exigirle al Lic. Ebrard el cumplimiento de su compromiso de atendernos personalmente, plant
ándonos frente a sus oficinas hasta que sean atendidas y resueltas nuestras justas demandas.

 

 

ATENTAMENTE

 

POR LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO

MOVIMIENTO URBANO POPULAR

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