San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 11 junio de 2008
Boletín de Prensa 13

Se intensifican las operaciones de contrainsurgencia en contra de comunidades indígenas en resistencia

•    Militares y policías acompañados de civiles incursionan en comunidades indígenas de  Chiapas y Guerrero.
•    En las incursiones se reportan agresiones a pobladores y persecución a integrantes de organizaciones sociales disidentes.

En lo que va del año, este Centro de Derechos Humanos ha recibido denuncias de incursiones militares y policiales en distintas comunidades de Chiapas y Guerrero en una lógica de contrainsurgencia debido a que en dichos operativos operan de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores civiles de las mismas comunidades, estableciendo despliegues tácticos sobre los territorios donde habita la población civil que se encuentra organizada en torno a justas demandas sociales. Son claros los testimonios de los pobladores agredidos que permiten documentar las acciones de hostigamiento a la población civil, por medio de allanamiento a propiedades, agresiones físicas y verbales, así como videograbaciones y fotografías a personas y lugares de las comunidades agredidas.

El establecimiento de operaciones del ejército mexicano se pretenden justificar so pretexto de “detectar plantíos de Marihuana, Armas y pistas de Aterrizaje Clandestinas” , sin embargo los ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia  mediante el desprestigio de las comunidades y organizaciones frente a la opinión pública  con el objetivo de “ganar para el gobierno el apoyo de la población civil” , estableciendo además un clima de hostigamiento psicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la respuesta de la población civil a tales operaciones.

Es de destacar que estas incursiones militares son asistidas por distintos actores federales, estatales y locales tales como: Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Ministerios Públicos Federales y Estatales, Policía Estatal Preventiva (PEP) y Pobladores Civiles de la región.

Consideramos que la serie de acontecimientos no están aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas, particularmente las que están en resistencia, y de los que este Centro de Derechos Humanos ha recibido información son los siguientes:

•    El pasado domingo 27 de abril de 2008 por la madrugada, de acuerdo con el testimonio directo de los habitantes de la Comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se llevó a cabo un operativo policíaco por aproximadamente 500 elementos policiales, quienes fueron guiados por siete civiles armados originarios del municipio de Teopisca, y del Ejido Nuevo León del municipio de Venustiano Carranza; al parecer para ejecutar órdenes de aprehensión giradas en contra de pobladores de Cruztón.

•    El pasado 19 y 20 de mayo, elementos del Ejército Mexicano en compañía de distintas corporaciones policíacas incursionaron en la comunidad de San Jerónimo Tulijá, Municipio oficial de Chilón y Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Ricardo Flores Magón, en donde los pobladores fueron testigos del allanamiento de tres domicilios. 

El operativo militar era compuesto por un convoy de lo menos por 11 vehículos, entre los cuáles se documentó la presencia de efectivos del 18 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), todos estos guiados por un poblador de la comunidad. Cabe destacar que resultó evidente que el movimiento táctico fue establecido para cercar las instalaciones comunitarias zapatistas donde se localizan los lugares de reunión y de asistencia a la salud, así también dirigido a la ubicación de las autoridades autónomas zapatistas de dicha comunidad.

•    El 22 de mayo en las comunidades 28 de Junio y San José, municipio de Venustiano Carranza, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) denunciaron presencia y al instalación de retenes del Ejército Mexicano en las inmediaciones de estas comunidades.

La información recibida refiere que ese día por la mañana miembros de las fuerzas armadas empezaron a patrullar en 11 comunidades donde la OCEZ-RC tiene presencia, mismas que son: Santa Rufina Las Perlas, 28 de junio, Nuevo San José La Grandeza, San José La Grandeza 3ra Ampliación, Guadalupe La Cuchilla, Mesa El Porvernir,  Las Delicias,  El Puerto, Nuevo Paraíso, Laguna Verde y San Caralampio Chavín.

•    El 23 de mayo pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar, del municipio de Tila, expresaron su preocupación por la posible incursión armada del Ejército Mexicano ya que ubicaron por la tarde que el Ejército Mexicano comenzó a instalar retenes intermitentes en la zona tomando posiciones que alertan a la población.

•    El 23 de mayo pobladores de las comunidades de Carrizal y Río Florido, del Municipio de Ocosingo, informaron sobre vuelos razantes de aeronaves de las Fuerzas Armadas de México y el 26 del mismo mes, nuevamente se presentaron sobrevuelos en estas comunidades y además en las comunidad de Chalam del Carmen. En estas tres comunidades hay integrantes de la organización OCEZ-FNLS.

•    El 27 de mayo en las inmediaciones del ejido “Nuevo Chamizal, municipio de Ocosingo, se reportó la presencia de elementos del Ejército Méxicano, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y civiles, supuestamente para destruir plantíos de marihuana en territorio zapatista, sin embargo la información recibida en este Centro refiere que en la zona del operativo no hay presencia de integrantes del EZLN.

•    El mismo 27 de mayo, una nota de prensa publicada en La Jornada del día siguiente, se informó del desalojo de los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende, ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en el operativo se informa que participó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y elementos de la Armada de México, el operativo lo justificaron en el marco del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina.

•    El 29 de mayo pobladores de la Comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, informaron a este Centro que un convoy integrado por 9 camiones del ejército federal y 3 camionetas de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acompañados también por policías municipales de Ocosingo, pretendieron entrar a dicha comunidad. Sin embargo al percatarse de ello, las mujeres de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) formaron un cerco humano que les impidió el paso. Rio florido, Chulna

Los integrantes del ejército se justificaron diciendo que iban de paso hacia terrenos del vecino municipio de Oxchuc, en donde supuestamente habían localizado sembradíos de marihuana, insistiendo que el operativo iba acompañado por integrantes del Ministerio Público, del Ayuntamiento de Ocosingo y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),  sin embargo ninguno de éstos aceptó identificarse ante la población.

•    El 4 de junio la Junta de Buen Gobierno “El Camino del Futuro” con sede en el Caracol de la Garrucha, municipio de Ocosingo, denunció la incursión de un convoy militar que iba acompañado de policías municipales, de seguridad pública estatal y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en las comunidades de La Garrucha, Rancho Alegre (conocido como Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro.

E
n este acto, calificado de provocación al EZLN, participaron soldados adscritos a los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Sin embargo tras el rechazo de la incursión militar, los elementos del Ejército Mexicano advirtieron regresar en un periodo de 15 días para entrar a las comunidades que está vez opusieron resistencia.

Esta incursión militar establecida simultáneamente en diferentes comunidades en el perímetro del caracol III “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer” nos parece particularmente grave toda vez que pone en grave riesgo a la paz dado que es una provocación del Estado Mexicano hacia el EZLN con quien supuestamente mantiene una pacto de cese al fuego en el que se comprometió a no realizar acciones militares en contra de dicha organización insurgente, siendo que la comunidad de la Garrucha es la sede de la Junta de Buen Gobierno “El Camino del futuro”, así como un espacio emblemático de la lucha zapatista. Lo que nuevamente aseguramos que dichas operaciones militares están enmarcadas en el Plan de Contrainsurgencia. 

Por otra parte es también importante observar y atender las denuncias que distintas organizaciones y comunidades del Estado de Guerrero han hecho para denunciar la incursión del Ejército Mexicano bajo patrones de actuación similares a los que hemos registrado en Chiapas.

•    Al respecto el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan” denunció en Agosto del 2007 que efectivos del Ejército Mexicano, presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), permanecían activos en las comunidades indígenas nahuas de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, en la región de La Montaña, advirtiendo a la población que realizarían cateos en sus casas.

El 11 de agosto del 2007, diez vehículos de la PIM ingresaron a Tlaquilcingo y el 15 de agosto, unos cien militares instalaron un retén muy cerca de Temalacatzingo; después, aproximadamente a las once de la mañana, arribaron en sus vehículos a la comunidad y sin consultar a las autoridades comunitarias, asentaron un campamento a la orilla del pueblo, dentro del territorio de Bienes Comunales. Ahí permanecieron durante tres días, revisando e interrogando a los vecinos en un retén que instalaron en el camino que comunica a Temalacatzingo con Ixcamilpa.

•    El 28 de abril de 2008, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) exigió al Ejército mexicano, a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que salgan de las comunidades de pidieron la salida del Ejército y las policías que desde hace semanas instalaron retenes en las entradas de El Limón, El Camalote, Té Cruz, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, en Ayutla.

En ese sentido varios comandantes regionales de la Policia Comunitaria (de la Costa Chica y Montaña de Guerrero) anunciaron que también apoyarán a los integrantes de los pueblos me’phaa y que seguirán de cerca los pasos del Ejército y la AFI, pues ambas corporaciones también han hecho operativos en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, en busca de supuestos secuestradores.

En lo que va del 2008, las denuncias sobre incursiones militares en la Sierra de Guerrero han sido constantes, ante ello el clima de polarización que se vive en las entidades del sureste del país semeja a la de décadas pasadas en donde la persecución a organizaciones y comunidades en resistencia se agudizó al punto de provocar confrontación para reactivar el conflicto armado interno no resuelto.

Este Centro de Derechos Humanos expresa su preocupación por la evidente intensificación del Plan de Contrainsurgencia en contra de comunidades indígenas, particularmente en las que existe presencia de militantes de organizaciones campesinas e indígenas, organizadas en torno a demandas justas. Lo anterior pone en grave riesgo la estabilidad social y respeto a los Derechos Humanos y de los Pueblos.

Como Centro de Derechos Humanos recordamos al Estado Mexicano que la Democracia exige el pleno respeto a los Derechos Humanos en general y en este caso al Derecho de los Pueblos Indígenas, y no como se está manifestando en el que la atención a las demandas de sus pobladores se responde con la implementación de operaciones militares tendientes a destruir su voluntad de exigencia de justicia social.

Como ha quedado demostrado desde 1994, la movilización de la sociedad civil ha sido una pieza fundamental en la defensa de las comunidades frente a los intentos de incursión militar. Por este motivo hacemos un llamado a estar atentos frente a este recrudecimiento del Plan de Contrainsurgencia contra las comunidades indígenas organizadas.

 

— Área de Comunicación SocialCentro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

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