Reunidos los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del norte, centro y sur del país, para realizar la XX Reuníon del Congreso Nacional Indígena en la región centro pai­fico en el paraje de Awatsaita o Cienega de los Caballos, perteneciente a la comunidad de Tuapurie, territorio wixarika, Estado de Jalisco, y considerando que:

Los reunidos fuimos convocados por las autoridades tradicionales de la comunidad wixárika de Tuapurie en un momento en que dicha comunidad ha rechazado y ha impedido la ilegal construcción de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto en el tramo correspondiente a su territorio, por tratarse de un proyecto que tiene como finalidad fragmentar y privatizar el territorio wixárika de frente a los proyectos que en toda la región y en el paí­s entero han venido imponiendo las grandes empresas trasnacionales a través del Estado.

 

Nuestros hermanos Wixaritari han reaccionado con dignidad ante esta imposición oponiéndose a lo que el mal gobierno llama “proyecto de desarrollo” pues han manifestado que no quieren ese modelo tan destructivo, sino estar bien con la madre tierra, con eso dan un paso más en esta lucha que los pueblos indí­genas de todo el paí­s estamos dando por las mismas razones.

 

Las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno mexicano para privatizar las tierras y territorios de nuestros pueblos, destruir la madre tierra (kiekari) y sus esencias de la vida (yrari), asi­ como los recursos naturales que corresponden al patrimonio de la Nación se han agudizado hasta alcanzar un grado de ilegalidad, impunidad y violencia nunca antes visto, valiéndose para ello de las contrarreformas constitucionales y las leyes neoliberales aprobadas en los últimos años y utilizando mecanismos francamente ilegales como es el caso de la falsificación de las actas de asambleas de ejidos y comunidades para intentar legitimar los atracos y despojos que han cometido o que pretenden cometer en contra de nuestros pueblos.

 

Junto con el proyecto carretero que se pretende imponer al pueblo huichol, se han denunciado en esta asamblea otros grandes megaproyectos en regiones indígenas, tales como los corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec y en el territorio Kumiai de Baja California, los gasoductos y regasificadoras en las regiones costeras, la explotación minera, turística y de la biodiversidad intensivas en la Sierra de Manantlán y en los territorios indígenas del occidente y de todo el paí­s que están destruyendo la madre tierra y la cultura de nuestros pueblos.

 

Asimismo la guerra de conquista capitalista en contra de nuestros pueblos y del pueblo de México ha tenido como propósito la destrucción de nuestros maí­ces, la aniquilación del aparato productivo nacional y el desmantelamiento de las economí­as campesinas y comunitarias a través de los tratados de libre comercio, la pérdida de nuestra soberaní­a alimentaria, la explosiva migración que ha convertido a nuestro en el principal expulsor de fuerza de trabajo a nivel mundial, la privatización de los energéticos y el desmantelamiento de la seguridad social, convirtiendo los derechos y garantí­as sociales en simples mercancías.

 

En esta asamblea se analizá la difí­cil situación de nuestros pueblos debido a la represión ejercida por el Estado desde los aparatos de seguridad pública, policiales, militares y paramilitares, hasta los mecanismos y formas de criminalización de la lucha social en todo el país, estando ligadas dichas políticas a las estrategias de seguridad promovidas desde el gobierno de Estados Unidos para proteger sus intereses y los del capitalismo, siendo asumidas incondicionalmente por el gobierno mexicano y algunos gobiernos latinoamericanos.

 

Especí­ficamente el Estado ha intensificado la guerra de exterminio en contra de las comunidades zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como se puede constatar en las reiteradas denuncias de las Juntas de Buen Gobierno, municipios autónomos y comunidades bases de apoyo zapatistas. A través de dicha guerra se ha operativizado la ocupación violenta de los territorios zapatistas por parte del Ejército Mexicano y paramilitares en complicidad con las instituciones de gobierno, por medio de procedimientos agrarios amañados y utilizando como arietes supuestos proyectos de conservación ecológica en la Selva Lacandona. Tal ha sido el caso de la reactivación de acciones paramilitares de organizaciones como la OPDDIC, misma que se ha parapetado en múltiples organizaciones oficialistas como la CNC  y la “Asociación Ecoturí­stica Tzeltal de las cascadas de Agua Azul”.

 

Emitimos el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

 

PRIMERO.- Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la construcción de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto, y al proyecto carretero gubernamental en la región, así como a los proyectos turí­sticos y de prospección y explotación de los recursos naturales aparejados con la construcción de la carretera.

SEGUNDO.- Expresamos nuestro rotundo rechazo a los ilegales y fraudulentos procedimientos que las instituciones de gobierno han implementado en su intento para imponer el mega proyecto carretero en la región wixarika, incluida la falsificación de un acta de asamblea y de más de 400 firmas de comuneros. Apoyamos a la comunidad de Tuapurie en su exigencia de que renuncien todos los funcionarios de gobierno involucrados en dichos actos.

TERCERO.- Expresamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha de nuestros hermanos de la comunidad wixárika de Tuapurie en contra del mencionado proyecto carretero, en ejercicio de sus derechos territoriales, de libre determinación y de autonomía.

CUARTO.- Nos solidarizamos con las luchas del pueblo nahua en el occidente de México, como es el caso de la comunidad de Ayotitlán en la Sierra de Manantlán, Jalisco, para frenar el despojo y la depredación que ha significado la explotación minera por parte del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, Los Juanes, La Gallina, Imán entre otras empresas mineras;  la lucha de las comunidades nahuas de la Costa de Michoacán en contra del despojo de sus territorios por parte de diversos consorcios mineros, como la trasnacional Ternium, y de las inmobiliarias hoteleras sobre la zona costera; exigimos del Tribunal Unitario Agrario Número 38 una sentencia que reconozca los derechos históricos de la comunidad de Ostula en su litigio con la supuesta pequeña propiedad. Rechazamos los proyectos de “ruta arqueológica” y “Tuxpan, Pueblo Mágico” que buscan mercantilizar la cultura de la comunidad indígena de Tuxpan. Manifestamos nuestro apoyo al pueblo coca de Mezcala en la defensa de su Isla y del territorio invadido por el empresario Guillermo Ibarra. De manera similar rechazamos el despojo que en la Me
sa de Palmira y La Tesorera, comunidades caxcanes, realizan mineras canadienses con la participación del gobierno del estado de Zacatecas.

 

QUINTO.-  Exigimos del estado mexicano el reconocimiento de la totalidad del territorio ancestral Wixárika y, en consecuencia, exigimos el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la superficie de 10-720-00 hectáreas correspondientes a las tierras comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa. Ratificamos nuestro reconocimiento hacia el comisariado autónomo de bienes comunales de dicha comunidad. Asimismo rechazamos el hostigamiento por parte de la delegación de la PROFEPA en Durango, institución que ha instaurado diversos procedimientos administrativos en contra de comuneros de Bancos de San Hipólito por supuesto derribo de árboles, y la incorporación de la comunidad de San Lucas de Jalpa al programa Pro Arbol, ambos con la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos de posesión y frenar su justa lucha. De la misma manera, al igual que en el caso de Tuapurie, Bancos de San Hipólito se encuentra amenazado por el megaproyecto carretero que pretende trasladar mercancí­as desde el norte y el centro del paí­s hasta las costas del Pacífico, en este caso en los tramos Zacatecas-Ruí­z y Durango San Juan Peyotán.

SEXTO.- Denunciamos la intromisión de los gobiernos a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas (CDI) y la Comisión Estatal Indí­gena (CEI) en las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, en donde han provocado la división al interior de las comunidades, violando su derecho a la libre determinación y autonomí­a. Apoyamos asimismo la decisión de la asamblea de los dí­as 1 y 2 de marzo del año en curso, al respecto de detener los trabajos de la carretera mientras se revisa la documentación firmada por las autoridades para la aprobación de la misma con el fin de detectar posibles ilegalidades. El Congreso nacional Indígena apoya la justa lucha de la Comunidad por la recuperación de su territorio invadido en Puente de Camotlán, Huajima­c y Cañón de Tlaxcala.

SEPTIMO.- Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad purépecha de Zirahuén en contra del grupo empresarial Ramí­rez, principal impulsor de la privatización del Lago de Zirahuén, nos manifestamos en contra del cacique Guillermo Arreola, quien ha despojado desde hace más de treinta años a la comunidad de sus tierras. Igualmente nos pronunciamos en contra de la ocupación ilegal de las tierras de Zirahuén y sus catorce anexos, por parte de los productores aguacateros de Uruapan. Rechazamos el proyecto carretero que pretende despojar las tierras correspondientes al territorio purépecha y al territorio nahua a través del complejo carretero Lázaro Cárdenas-La Piedad y Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Asimismo rechazamos la privatización del Rí­o Carapan y sus afluentes, así­ como la pretensión de privatizar las aguas subterráneas y superficiales en nacen en territorio purépecha. Por otro lado denunciamos la formación de la Secretarí­a de Pueblos Indí­genas de Michoacán como una instancia gubernamental encaminada a seguir instrumentando las polí­ticas neoliberales de exterminio de nuestros pueblos y desconocemos como integrante del CNI a su titular, el traidor Alfonso Vargas, y a su equipo de colaboradores.

OCTAVO.- Exigimos condiciones para el regreso del maestro indígena mixteco de Oaxaca, Raúl Gatica Bautista, quien se encuentra exiliado en Vancouver, Canadá. Exigimos la libertad de los presos indí­genas zapotecos de la comunidad de San Isidro Aloapam, así­ como la cancelación de las más de 15 órdenes de aprehensión giradas en su contra por defender su territorio. Exigimos la cancelación de la construcción de la presa llamada “El Paso de la Reina” en territorio mixteco de la costa oaxaqueña, así­ como la explotación minera en la región cañada por parte de empresarios canadienses. Nos solidarizamos con la lucha de los pueblos indígenas Ikoot, Ayuuk, Zoque y Binnizá que resisten en contra del despojo de sus tierras que representa el denominado megaproyecto energético del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, impulsado en esta región de manera ilegal por las empresas trasnacionales, la CFE y el Estado mexicano.

NOVENO.- Rechazamos la creación de ejidos y comunidades agrarias en los territorios inmemoriales de la Nación Kumiai, en Baja California. Denunciamos la violación de los derechos territoriales de la Nación Kumiai con la reciente instalación de un gasoducto que atraviesa parte de su territorio y exigimos la cancelación del mismo. Exigimos se otorgue a la Nación Kumiai el libre paso a través de la frontera México-Estados Unidos por tratarse de un pueblo cuyo territorio y población se localizan en ambos paí­ses. Rechazamos la prohibición al derecho de pesca decretada por el Ejecutivo Federal en contra de la tribu Cucapá¡ y exigimos el respeto a sus derechos territoriales ancestrales. Rechazamos el trato indignante y racista por parte del gobierno mexicano en contra del pueblo Rarámuri al vestir a perros chihuahuenses con el atuendo tradicional de dicho pueblo para el efecto de exhibirlos en el lugar conocido como El Divisadero y exigimos su retiro inmediato.

DÉCIMO.- Exigimos el reconocimiento legal de los derechos de propiedad y posesión que corresponden a la Comunidad de San Pedro Atlapulco sobre las tierras comprendidas dentro del Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. Rechazamos la construcción del mega libramiento carretero Toluca-Cuernavaca que pretende invadir y fragmentar los territorios comunales correspondientes al Monte de las Cruces, Huitzilac y Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Nos solidarizamos con la lucha autonómica del pueblo amuzgo de Guerrero y denunciamos el hostigamiento permanente por parte de la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, Aceadeth Rocha, en contra de su lucha y de la estación de radio comunitaria “Radio Ñmndaa, La Palabra del Agua”.

DECIMO PRIMERO.- Rechazamos todos aquellos proyectos y mega proyectos que tengan como finalidad el despojo y la privatización de nuestros territorios y recursos naturales, así como la destrucción de nuestras culturas y la explotación, cada vez mayor, de nuestros hombres y mujeres, tanto en el campo como en las ciudades y en el extranjero. Asimismo rechazamos la privatización de los energíticos correspondientes al patrimonio del pueblo de México con el fin de favorecer intereses extranjeros. Rechazamos la siembra y venta de maíces transgénicos en cualquier punto del territorio nacional, así­ como la utilización del maíz para la producción de agrocombustibles. Rechazamos la reactivación del proyecto de aeropuerto en la región de Atenco y Texcoco, la construcción de las presas La Parota, La Yesca, El Cajón y Arcediano. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos políticos y de todos aquellos que hayan perdido su libertad por luchar por libertad, justicia y democracia. Exigimos el retiro del Ejército y de los grupos paramilitares de todas las regiones indí­genas del paí­s y particularmente de Chiapas, así­ como el cese de la política de guerra y la ocupación de los territorios que corresponden a las comunidades indígenas zapatistas.

DECIMO SEGUNDO.- En el marco del dí­a internacional de la mujer reconocemos su contribución en la lucha de nuestros pueblos y saludamos a todas las mujeres que luchan por un mundo más justo, libre y democrático. Asimismo saludamos a las comandantas del CCRI-CG del EZLN en su digna lucha de liberación.

DECIMO TERCERO.- Ratificamos, como lo hicimos en la XVII Reunión del CNI Región Cent
ro Pací­fico realizada en esta misma comunidad, nuestra adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña y llamamos a los pueblos indígenas del paí­s a seguir profundizando, junto con el pueblo de México, su lucha de resistencia anticapitalista y el ejercicio de sus derechos autonómicos por la ví­a de los hechos. Asimismo convocamos a nuestros pueblos, tribus y naciones a fortalecer el Congreso Nacional Indí­gena como la casa de nuestros pueblos.

Awatsaita, comunidad de Tuapurie, territorio wixárika, Jalisco, a 09 de marzo de 2008.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO

Pueblo Wixárika: Comunidad de Tuapurie, Comunidad de Wuata y Tutsipa, Comunidad de Bancos de San Hipólito. Pueblo Purépecha: Purhépecha Ireta, Comunidad de Cherán, Comunidad de Zirahuén, Comunidad de Jauja, Comunidad de Nurí­o, Comunidad de Uruapan, Unión de Comuneros Emiliano Zapata. Pueblo Binnizá: Región Istmo, Consejo Indígena y Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón. Nación Kumiai: Comunidad de Juntas de Neja­, Comunidad de Las Huertas. Pueblo Nahua: Comunidad de Ayotitlán, Comunidad de Tuxpan, Comunero Nahua de Milpa Alta, Santa Cruz Acalpixca de Xochimilco, Comunidad de Ostula. Pueblo Coca: Comunidad de Mezcala. Pueblo Amuzgo: Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. Pueblo Ñahñu: Comunidad de San Pedro Atlapulco. Pueblo Zoque migrante en Guadalajara.

 

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