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El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, entregó a la Comunidad Indígena Otomí que tomó las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) una serie de documentos entre los que se encuentra el aviso de publicación del decreto expropiatorio sobre el predio que habitan en Zacatecas número 74, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el oficio, la expropiación sucedería antes del 15 de diciembre.

Esto ocurre un día después del desalojo y la quema de expedientes del primer piso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y debido a la inconformidad que generó la ausencia de los funcionarios que habían acudido a las mesas de diálogo anteriores. Por este motivo se instaló la mesa emergente con el Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, Diego García, integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ Benito Juárez) manifestó incredulidad: “Hasta que no veamos el decreto. Han sido muchos años de engaño, pero vamos a concederles el beneficio de duda”.

 

En dos de los cuatro oficios el Gobierno de la Ciudad de México se compromete a gestionar e instalar mesas de trabajo, para llevar a cabo los decretos expropiatorios de los predios habitados por los otomíes: Guanajuato 200, ubicado en la colonia Roma Norte y Zaragoza 1434, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En el documento SG/824/2020 se lee: “se realizará la gestión conducente con las instancias involucradas del Gobierno de México” para la expropiación del predio ubicado en Roma 18, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Suárez del Real mencionó que lo ideal es un decreto expropiatorio presidencial “que reconozca la importancia histórica que tiene el predio (…) a fin de evitar un conflicto con la inmobiliaria”

Y es que Eduardo S.A. de C.V se auto nombra como propietaria del inmueble.

 “Se han ganado a pulso no creerles. Ayer también entendimos esta discriminación, esa humillación al venir el secretario de Adelfo [Regino, titular del INPI] y decirnos que no tenía conocimiento en nuestras peticiones”, dice Isabel Valencia, integrante de la Comunidad y señala: para nosotros es una humillación que el gobierno venga y nos diga que no saben lo durante 25 años hemos estado pidiendo.

 

A la reunión acudieron Juan Gutiérrez Márquez y Mario Camaño, titulares de Concertación Política de la Ciudad de México. Pero la comunidad otomí desconoció a esta dependencia: “no queremos a Concertación Política porque no soluciona nada. Desgraciadamente ustedes como gobiernos van y vienen. Nosotros como pueblos nos quedamos y seguimos viendo lo mismo”.

No quisiéramos volver a tomar decisiones. Pero la culpa es de ustedes los gobiernos por no estar aquí con nosotros. Estábamos aquí esperándolos para hacer la mesa de diálogo, señala Valencia respecto al desalojo del primer piso de el instituto.

El edificio del INPI está tomado desde el pasado 12 de octubre, por la demanda de una vivienda digna, decorosa y el derecho a habitar en la ciudad como pueblos originarios. Además del cese de los megaproyectos que afectan a varios pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena (CNI) del que la Comunidad Indígena Otomí es parte. La lucha por obtener los decretos expropiatorios es de más de dos décadas.

 

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