Fotografía: Aarón Cruz Soto
Durante la conferencia mañanera del 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la falta de atención para solucionar las problemáticas ambientales derivadas de la operación de Minera Cuzcatlán (Fortuna Silver Mines), en la comunidad de Magdalena Ocotlán; sitio en que la empresa derramó residuos mineros en 2018.
El 10 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la solicitud para obtener permisos ambientales a través de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional, trámite con el que esta minera pretende ampliarse.
“Sí, es cierto lo que planteas. En Oaxaca, en una gira, no sé cuándo exactamente, pero sí me hicieron un planteamiento, me esperaron en la carretera para denunciar lo de esta mina que contamina, que afecta en Oaxaca y le pedí al secretario de Medio Ambiente que fuera, creo que estuvo, no sé si es este caso u otro, porque hay varios”, dijo el presidente ante el cuestionamiento. El 28 de junio de 2019, la comunidad de Magdalena Ocotlán realizó un cierre carretero en el trayecto del convoy presidencial, para informar de manera directa la problemática.
Pese a que el Ejecutivo Federal afirmó que el caso tendría atención personal de la titular de SEMARNAT, María Luisa Albores, el permiso ambiental para la ampliación del proyecto minero en el Valle de Ocotlán, se encuentra en trámite.
SAN JOSE II -así nombrado por la empresa canadiense- “enmarca diferentes obras y actividades del sector minero” y corresponde a la operación minera para la explotación plata y oro en mina subterránea.
De acuerdo con los informes técnicos publicados por Fortuna Silver Mines, el yacimiento ubicado en San José del Progreso se encuentra prácticamente agotado, por ello le es indispensables ampliar los permisos ambientales para así extender la explotación de minerales en otros municipios circundantes: “en los últimos años la capacidad de producción aumentó y por ende la necesidad del desarrollo de nueva infraestructura y ampliaciones de algunas obras ya existentes.
Las obras que enmarca este proyecto se encuentran íntimamente relacionadas a la actividad minera y todo lo que en ella se engloba, desde infraestructura para la ventilación de túneles de la mina, hasta áreas destinadas para la preparación de muestras para el control del proceso de beneficio, e incluso áreas de planeación y capacitación de personal.”
Cabe mencionar que existe una multitud de denuncias públicas por las afectaciones al tejido social de las comunidades, un operativo policíaco-militar para imponer a la minera en mayo de 2009, denuncias comunitarias de asesinatos vinculados con la instalación de la mina, un derrame químico ocurrido en octubre de 2018 y otro denunciado en julio de 2020, la muerte de un trabajador en sus túneles en agosto de 2019 y denuncias de presión a comunidades cercanas para que se abran “respiraderos” de los túneles.
La solicitud menciona también “en este sentido, el proyecto se concibe como una aglutinación de obras mineras que dan sostén y contribuyen de manera integral al seguimiento de las actividades en la mina San José” y que dichas obras ocuparán una superficie de 16.8833 hectáreas distribuidas en diferentes polígonos.
Las denuncias que han llegado de diferentes maneras hasta la presidencia de la Republica, que van desde cartas que no obtuvieron respuesta, un cierre carretero durante una gira presidencial, hasta la denuncia periodística en una conferencia matutina, centran su atención en impedir la autorización de permisos ambientales que permitan a la empresa canadiense extenderse en los municipios donde posee al menos 91 mil hectáreas concesionadas, el anterior titular de SEMARNAT Víctor Manuel Toledo había otorgado su palabra a las comunidades del Valle de Ocotlán de que tales permisos no serían autorizados, a tan solo unos días de su renuncia “por estrés” y de la instrucción del ejecutivo federal de revisar el tema, dichos permisos se encuentran en trámite en SEMARNAT.
