En medio de los rumores de la supuesta salida de la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero siguen las tremendas movilizaciones desatadas por el ya movimiento popular que ha desbordado las fronteras territoriales del Estado de Guerrero con la exigencia central de la presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas y justicia por los 3 asesinados la pasada noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. La respuesta del gobierno ante el caso ha sido el de quien busca sin esperanza, deseando encontrar muertos enterrados, quemados vivos, sacando a relucir sus aspiraciones y deseos de acabar con el normalismo en el país.
Las atrocidades de estos hechos no ha destapado nada nuevo, nos recordó abruptamente la realidad en la que estamos sumergidos: asesinatos, fosas clandestinas, desollados, desapariciones; sin embargo, los hechos también dan pie a la memoria y al análisis, en este caso posibilita un ejercicio para crear continuidades en la política asesina del Estado, particularmente en Guerrero, así como aportar elementos que nos permitan entender las reconfiguraciones del crimen organizado y su impacto en el movimiento social. Parecieran dos temas separados, sin embargo, el crimen organizado no está apartado de la clase política, es fundamental para la reproducción del andamiaje que se encuentra detrás del caos y violencia de actual.
El exterminio en Guerrero, una continuidad histórica
Es un mito que la guerra sucia ha terminado, por el contrario, a partir de la década de los noventa se ha agudizado en contra de los luchadores sociales y desde que se lleva a cabo la “guerra contra el narcotráfico” se ha extendido a todo el pueblo, actualmente las cifra de asesinatos en éste último contexto superan las cien mil, y más de treinta y cinco mil desapariciones –y contando-. Particularmente en el estado de Guerrero se han aplicado al pie de la letra las doctrinas militares norteamericanas de la guerra contrainsurgente, en donde sectores de la población han padecido desde la represión selectiva hasta las masacres en masa desde la década los sesenta, y en buena medida ha sido un clan criminal de caciques del estado quienes las han perpetrado.
La masacre del 18 de mayo de 1967 en el zócalo de Atoyac que dio origen al levantamiento armado del profesor Lucio Cabañas y el surgimiento del Partido de los Pobres; años después, ya en la década de los setenta, Rubén Figueroa Figueroa –padre- libró una cruenta guerra en ese Estado en contra de la guerrilla, por su causa lograron desarticular y casi exterminar la guerrilla del Partido de los Pobres que encabezó el profesor normalista ex alumno de Ayotzinapa.
Fue la época del Guerrero y las fosas entre Acapulco y Zihuatanejo en donde los cuerpos ejecutados por causas políticas se contaban por cientos, la época en donde los militares y la policía política lanzaban cuerpos torturados casi muertos desde aviones al mar, el Guerrero en donde se cortaron los suministros y cosechas a pueblos enteros con el fin de que cooperaran con fines de contrainsurgencia.
Más adelante, el 7 de junio de 1998, el Ejército Mexicano asesinó a 11 indígenas ñuu savi (mixtecos) en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Tres años antes, el 28 de junio de 1995, la policía estatal motorizada de Guerrero mató a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Dos crímenes de Estado realizadas desde el amparo del poder. Rubén Figueroa Alcocer –hijo- fue destituido del cargo de gobernador del estado por su responsabilidad directa, tras su destitución tomó el cargo como Gobernador interino Ángel Aguirre Rivero (actual mandatario del Estado).
El medio independiente Noticias Guerrero, hizo pública la noticia que en esa época Aguirre Rivero hizo la petición directa al Secretario de Educación de ese estado, de acusar a los normalistas de Ayotzinapa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) para así poder actuar penalmente contra ellos. Figueroa y Aguirre aparecieron juntos en una cena de gala apenas en el 2013. Por si fuera poco, Aguirre Rivero es acusado de haber sido financiado por el cártel de los Beltrán Leyva en su campaña para senador y para la gubernatura que actualmente ostenta; además, el cártel independiente de Acapulco es liderado por Victor Aguirre, primo del mandatario guerrerense.
Hace poco más de un año, después de la catástrofe que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel, Roció Mesino, defensora de derechos humanos e integrante de la OCSS apoyaba las labores para la rehabilitación de un puente destruido por esas catástrofes naturales en la comunidad serrana de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, cuando un sujeto se acercó a ella y le dio un tiro en la nuca y dos en la espalda.
Esos criminales no se han ido y siguen asesinando y desapareciendo en el Guerrero de Hoy; Aguirre sigue tambaleándose como Gobernador, el clan caciquil de los Figueroa sigue activo en la escena, pues el primo hermano de Rubén Figueroa Alcocer, Federico Figueroa Fernández -por cierto hermano del cantautor Joan Sebastián– fue señalado en mayo pasado de haber quedado al frente del cártel de Los Guerreros Unidos, grupo criminal que controla la plaza del Municipio de Iguala, al cuál se le atribuye la desaparición de los 43 compañeros normalistas. Los caciques de ayer, son los mismos personajes sanguinarios de hoy que siguen azolando a Guerrero cubiertos por el manto de la impunidad.
Reconfiguraciones sociales del crimen organizado: el Narco-Estado y su impacto en el movimiento social
Los medios de paga y la clase política propagan la idea de que lo que sucedió es causa de un solo presidente municipal coludido con el crimen organizado, con estas versiones es fácil reducir los hechos a argumentos faltos de creatividad inquisitoria: “eran guerrilleros”, “todos los que mueren pertenecen al crimen organizado”. Para no caer en las versiones oficialistas es necesario dar cuenta de dos factores que influyen en las dinámicas que se han desarrollado alrededor de la genealogía del crimen organizado, tanto a nivel general como local, en donde la disputa y control por la producción y trasiego de drogras, armas y personas está a la orden del día.
El primero es la penetración profunda en la estructura del estado por parte del crimen organizado; actualmente no hay una administración desde el nivel Federal hasta el Municipal que no esté directamente involucrada en la estructura criminal o solapando las acciones de los grupos del narcotráfico, así como recibiendo cuotas para operar en el territorio sin problemas e incluso utilizando directamente a las manadas de sicarios para contener el descontento social ante la realidad que vivimos. Pese a esto, en el discurso la clase política sigue insistiendo en la separación entre ellos y el narco, haciendo referencia al “crimen organizado” para justificar masacres, asesinatos y desapariciones; éste ente producto del narcotráfico es la cuartada de los políticos para lavarse las manos en la responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad, como si el narco estuviera apartado de la clase política y no fuese parte fundamental de la subsistencia y reproducción de la maquinaria política
que subyace al desorden existente.
A un nivel más local se encuentra la monopolización de las actividades de la vida cotidiana, así como el control del poder por parte de los criminales: operan –en su mayoría- con la ayuda y en asociación de Presidentes Municipales y Gobernadores, extraen sus recursos económicos a través del cobro de cuotas obligatorias a la ciudadanía –tanto a nivel formal e informal-. El crimen organizado expandió de a poco su ámbito de acción también a industrias extractivas de recursos naturales, –toma clandestina de gasolina, coordinación con empresas transnacionales del petróleo y gas natural–, además del secuestro, la extorsión y el tráfico de personas. Incluso lograron imponer rutinas de convivencia cotidiana como los toques de queda y un ambiente de conflicto social generalizado en donde el ambiente de vecindad se ha ido perdiendo y ha prevalecido el sospechosismo y el sentido de mafiosidad en los barrios, colonias y pueblos.
Este control que pretende ser total de parte del Narco-Estado sólo se puede lograr teniendo una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto o institucionales. Cuando las condiciones son contrarias -cuando existe una fuerte organización social y política de grupos que se oponen a los intereses del Narco-Estado- el restablecimiento del control por parte del crimen organizado se vuelve prioridad y el resultado son ejecuciones selectivas o masacres en masa, y desapariciones forzadas, como sucedió el 26 y 27 de septiembre en el Municipio de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa.
El sicariato, junto a sus prácticas sanguinarias, se ha vuelto una herramienta más para la actividad contrainsurgente perpetrada por los gobiernos en turno.
¿Quién puede otorgar la justicia?
Haciendo un recorrido por los lugares donde el narcotráfico tiene presencia, podemos encontrar una fuerte relación con autoridades de cualquier nivel. Los ejemplos más claros fueron ventilados por el paso de las autodefensas en el estado de Michoacán donde al liberar a los poblados de los grupos del narcotráfico, la población señalaba la relación que éstos tenían con policías y políticos, así como las atrocidades que cometían. En recientes días, quien se ostenta como líder moral de los Caballeros Templarios, La Tuta, ventilaba mediante videos a gran parte de la clase política michoacana, incluido el hijo del Gobernador Fausto Vallejo y su Secretario de Gobierno Jesús Reyna.
Gobernadores como Rubén Moreira (Coahuila), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), y Ángel Aguirre (Guerrero) –sólo por citar algunos ejemplos- así como funcionarios de sus gobiernos son ligados con los círculos del narcotráfico. El actual secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tiene una averiguación previa por relaciones con el cártel de los zetas cuando fue funcionario en el Estado de Hidalgo.
Pensar que el gobierno está infiltrado por el narcotráfico es una manera fácil de abordar el tema, quitándoles responsabilidad a los funcionarios y dándole todo el peso a los grupos delincuenciales. Un elemento importante que debemos tomar en cuenta son las grandes sumas de dinero que dejan las actividades como el tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones, en las cuales los beneficiados no solamente son los narcotraficantes, sino los políticos que además de agrandar sus arcas con dinero del erario, reciben sumas mayores de los exorbitantes ingresos de estas actividades. La complicidad es en todos los niveles, todos comen de ese gran pastel al garantizar su desarrollo por omisión o por participación.
Día a día encontramos historias de secuestros, extorsiones y asesinatos donde policías o ex policías, militares o ex militares son los responsables de estos hechos. El grupo delincuencial más sanguinario en la configuración actual del narcotráfico, los Zetas, está integrado principalmente por ex militares; a partir de la conformación de este grupo la lucha por el control de los territorios tomó niveles de violencia nunca vistos en el país.
Cotidianamente vemos cómo caen capos del narcotráfico y cómo los políticos la libran al amparo de la ley. Y bajo esta realidad ¿Quién trabaja para quién? El narcotraficante que infiltro u obligo al funcionario público o el funcionario público que encontró un negocio más redituable y que con el fuero y la ley en su palma puede hacer lo que le plazca.
Bajo esta nueva conformación tenemos un Narco-Estado el cual trabaja para tener un control basado en el miedo, insertando en la calles a policías y militares, así como a civiles armados realizando actividades con total impunidad. Este Narco-Estado también tiene en su poder a medios de comunicación que le ayudan principalmente callando y cuando el descontento social enardece desprestigiando.
Buscar la justicia en el verdugo (el Estado o ahora Narco-Estado) a través de sus instituciones como los ministerios públicos, las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados (PGJE), la Procuraduría General de la República (PGR), los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y bajo investigaciones que por lo regular encontraran chivos expiatorios o simplemente asesinos a sueldo, de ninguna manera resarcirá el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, del cual sabemos todos que no debieron morir de esa manera; los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el mensaje emitido el pasado 18 de octubre en las radios tomadas para emitir su mensaje lo dicen claro: “la información que les estamos dando al ministerio público, no sabemos si se la van a entragar a los criminales para que vayan y nos maten a nosotros y nuestras familias”.
En meses pasados en el último texto que emitió el Subcomandante Marcos titulado “Entre la luz y la sombra” y en relación al asesinato de José Luis Solís López (Galeano) podemos encontrar estas líneas que describen perfectamente lo que significa buscar justicia con el verdugo:
“No vales, no importas, nadie te llora, a nadie le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida”
“Aunque agarren y castiguen a los que te matamos, siempre encontraré otro, otra, otros, que de nuevo te embosquen y repitan la danza macabra que acabó con tu vida”
“Tu justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga”
Buscar justicia con ellos, los de arriba, es permitir que en un futuro estemos luchando a raíz de nuevas masacres e injusticia. Es permitir que el de arriba se ría de nosotros, que los medios manipulen los hechos para poner en el pódium a sus héroes, dejándonos con nuestro dolor. Y bajo estas líneas es fundamental que nos preguntemos: ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada cuando buscamos justicia?
