México, DF, 16 de mayo. El desacato del gobierno del estado de Jalisco ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de construir a 80 metros de altura la cortina de la presa el Zapotillo (inversión de 16 mil millones de pesos), provocará la inundación de las comunidades de Temacapulin, Acacijo y Palmarejo, afectando a más de 45 mil habitantes de manera directa e indirecta, asegura el padre Gabriel Espinoza Iñiguez, presidente de la Asociación Civil “Salvemos a Temacapulin”.
Palabras de compañeros del Comité Salvemos a Temacapulin, en conferencia de prensa
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Los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato, las empresas constructoras trasnacionales Abengoa y Fomento de construcción y contrata SCC; y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su presidente Jose Elias Chedid, retuvieron y ocultaron por casi seis meses el dictámen realizado por el comité técnico de operación de obras hidraulicas, estudio que sustenta elevar la cortina a 105 metros y con ello desaparecer una región milenaria, sus comunidades y sus costumbres, violando con esto los derechos humanos y el derecho a la vida, denunció Espinoza Iñiguez.
El Comité Salvemos a Temacapulin y la asociación Salvemos a Temacapulin, junto con organismos internacionales ante la amenaza de desalojo, denunciaron que la estrategia para finalizar la construcción de la presa, va desde el constante acoso a las comunidades y sus habitantes, en especial a los miembros del comité, a intentar obligar a vender sus tierras y sus propiedades, y amenazarlos con la expropiación. Las comunidades de Palmarejo y Acacijo decidieron “sacrificarse” porque el derecho al agua es de todos y vendieron sus predios, con la condición de que Temacapulin, no fuera inundado, explicó el sacerdote en conferencia de prensa.
Libertad Díaz Vera, miembro del Comité, comentó que la resistencia de los habitantes consiste en denunciar a través de tres amparos la exigencia del cumplimiento del dictamen de la SCJN; y difundir la falta de análisis que se ha mantenido, a pesar de que los habitantes, junto con 50 investigadores, han realizado más de 30 diferentes propuestas de construcción y disminuir el impacto ambiental, además de señalar las distintas violaciones a los derechos humanos que se tienen contra los pueblos afectados; la promoción de una caravana de observación los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio , conformada principalmente por medios de comunicación, para evitar el desalojo forzado.
