El Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán (CIGSM) denunció, mediante un comunicado difundido este jueves 6 de agosto en sus redes sociales, agresiones en contra de integrantes de su comisión de coordinación, ocurrida el 5 de agosto en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro. De acuerdo con la organización, Esteban Mondragón y su esposa acudieron a una reunión convocada por Beatriz Hernández, funcionaria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a quien identifica como familiar de Verónica Sánchez Gutiérrez, persona señalada en comunicados previos del Concejo por actos de hostigamiento, vigilancia y agresiones contra integrantes de la organización. Según la denuncia, la pareja fue encapsulada y agredida por personas a las que vinculan con funcionarios públicos, grupos de poder locales y grupos paramilitares.
El Concejo señaló que la agresión incluyó golpes, amenazas e intentos de despojarlos de su teléfono celular mientras documentaban procesos relacionados con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) 2026. Asimismo, denunció que los agresores intentaron desnudarlos, acción que calificó como un acto de tortura psicológica y violencia con connotaciones sexuales. También afirmó que, durante la agresión, los atacantes hicieron referencia a la participación de las víctimas en la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (ANAVI), que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto de 2026 en el estado de Nayarit
El CIGSM aseguró que estos hechos forman parte de una práctica sistemática de hostigamiento y violencia contra habitantes de Santiago Mexquititlán, particularmente en vísperas de actividades convocadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la ANAVI.
En el comunicado, el Concejo responsabilizó por la integridad física de sus integrantes a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como al INPI, a Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro, y al Ayuntamiento de Amealco. Asimismo, exigió una investigación de los hechos denunciados, el cese de las agresiones contra quienes defienden el agua y el territorio y garantías para el ejercicio de la autonomía de la comunidad.
