La relación Oaxaca-Canadá coloca de facto en una posición de desventaja al sureño estado, principalmente a los pueblos originarios. Extractivismo, asesinato de líderes ambientales, genocidio, explotación laboral, despojo, saqueo por parte de las empresas transnacionales, contaminación por la actividad minera y daños a la salud, son algunas de las problemáticas generales que provocan el deterioro en la calidad de vida de la población.
Con un doble discurso, el gobierno de Oaxaca, a cargo de Alejandro Murat Hinojosa, se congratula por presentar los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” y afirma en su página oficial que los dos entes “se hermanan a través del intercambio cultural y artístico”.
Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, dijo que el país mantiene una relación “muy sólida con el estado de Oaxaca en temas ambientales, comerciales, académicos, derechos humanos” y afirma que “para Canadá no hay tema más importante que la reconciliación con los pueblos indígenas”.
“Es mentira que buscan la reconciliación”, responden las comunidades ante esta declaración y señalan que no puede haber hermandad donde hay despojo y saqueo. Señalan que los gobiernos mexicanos y canadienses confunden una historia de resistencia con folklor, ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.
Las actividades comenzaron el pasado 20 de septiembre en el Teatro Macedonio Alcalá y culminarán el 8 de octubre. Alejandro Murat mencionó durante la inauguración que: “pensar en los pueblos indígenas, es pensar en nuestro anhelo, en la justicia y salvaguarda de sus derechos sociales, políticos y culturales”.
A través de este evento “pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”, responden y señalan las autoridades municipales, comunidades y colectivos firmantes de este pronunciamiento:
San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir ubicados en Ocotlán; el Comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez; Comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos en San Pablo Cuatro Venados, Zaachila; el Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio, el Espacio de mujeres en defensa de la madre tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza de San Miguel Chimalapas y la Articulación por la vida, contra la minería en el valle de Ocotlán.
Acciones contra discurso
Las comunidades oaxaqueñas denuncian algunas tragedias sociales y ambientales, como la instalación de minas para la extracción masiva de minerales y mencionan que desde que llegó Fortuna Silver Mines en 2009, dejó un saldo de 5 personas asesinadas, dos de ellos fueron defensores ambientales y tres integrantes de la autoridad municipal de San José del Progreso.
La selva de Los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo en donde habitan los pueblos zoques, también se encuentra amenazada por una empresa canadiense: Minaurum Gold SA. que tiene un par de títulos de concesión que los favorecen con 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre y despojan a las comunidades de una tierra que “ha sido hogar del pueblo angpøn durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática”.
Desde Capulálpam de Méndez denuncian que desde que en 2005 llegó la minera y provocó la desaparición de trece manantiales a raíz de la excavación de túneles. Este daño ambiental fue causado por las empresas canadienses Continuum Resource y Sundance Minerals, así como la contaminación del Río Grande, una de las afluentes del Río Papaloapan.
Racismo institucional de SEMARNAT
Uno de los temas pendientes desde 2018, es el derrame minero en el Río Coyote, ubicado en el municipio de Magdalena Ocotlán, en donde la empresa canadiense Fortuna Silver Mines contaminó el agua de los habitantes con 1 millón 516 mil litros tóxicos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) multó a la empresa con una cantidad de 806 mil pesos. Sin embargo, la población quedó en medio de este acuerdo, pues para ellos no hubo atención medica ni medidas de limpieza, a pesar de que el arroyo se utiliza para actividades agrícolas y humanas, en ese y otros municipios, como San Pedro Apóstol.
Debido a estos daños, La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) se pronunció en el mes de agosto y exhortó a la SEMARNAT para que “se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado San José II a esta empresa canadiense”, pues la expansión significa la destrucción del territorio, señalan.
En el mes de abril, las autoridades agrarias de San Pedro Apóstol exigieron a la SEMARNAT que frenen los trámites de expansión: un permiso y la Manifestación de Impacto Ambiental. También acusaron a esta instancia de ejercer racismo institucional hacia los pueblos originarios, pues se han comportado omisos ante las peticiones de las diferentes autoridades municipales y pueblos.
La REMA señala que Minera Cuzcatlán o FSM está coludida con las autoridades ambientales de todos los niveles y tienen una lista larga sobre “despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo”.
En esta zona, los daños a la salud son cada día más visibles: irritaciones en la piel, epidemias, enfermedades respiratorias. Esas enfermedades “eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado” dice REMA en su comunicado.
En los recientes años ha habido diversas problemáticas a raíz de la entrada de las empresas mineras canadienses. Las comunidades han buscado las vías para resolver esta problemática pero no los han escuchado: denunciaron a través de oficios firmados por las autoridades municipales, realizaron marchas, concentraciones, actos de protesta, bloqueos e incluso redactaron oficios que entregaron en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento no existe una respuesta ante estos casos.
Las comunidades afectadas por las empresas mineras se declaran en alerta máxima y en expectativa de este evento denominado Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021: “hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, concluyen.
Comunicado completo:
