La impunidad en México: El caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz

La impunidad en México: El caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz

“Ningún golpe es mortal, sino se le teme a la muerte.”
Amparo Ochoa

El 25 de mayo de 2007, dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) se encontraban a las 5 pm en la cercanía del Hotel el Árbol, donde se ejecutaba un operativo conjunto de diferentes instancias de seguridad. Fueron aprehendidos por fuerzas estatales y federales cerca del centro histórico de Oaxaca. A partir de ese momento, ya no se supo más de ellos. La organización insurgente a la cual ambos pertenecían el PDPR-EPR, desde sus primeros comunicados, denunció de qué se trataba de un caso de desaparición forzada por motivos políticos.

El caso de la desaparición de los dos eperristas es simbólico, muestra la continuidad de las prácticas contrainsurgentes en nuestro país y evidencía al gobierno mexicano por su falta de voluntad política al obstruir el acceso a la verdad y la justicia. Es un ejemplo de la demagogia institucional, pero sobre todo representa la fragilidad de los Derechos Humanos en nuestro país.

Como parte de la política contrainsurgente, además de la desaparición forzada, el Estado mexicano emplea medios de comunicación para estigmatizar a las víctimas y diluir el costo político de la impunidad; utiliza el miedo para que familiares, personas u organizaciones solidarias no se sumen a la denuncia de la desaparición forzada, particularmente por el perfil armado e insurgente de su militancia. Intentando con ello, aislar la denuncia y apostar al olvido, como elemento de la impunidad.

Son casi 9 años de búsqueda incansable por parte de sus familiares, enfrentados a las murallas de la de impunidad, ante la visible colusión entre las diferentes estructuras policiaco-militares para llevar a cabo la detención-desaparición.

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son luchadores sociales desaparecidos por las fuerzas del Estado mexicano debido su actividad política. Son parte de los cientos de desaparecidos en México, que en busca de mejores condiciones de vida, han sido objeto de delitos de lesa humanidad.

La desaparición de los guerrilleros

Según consta en el dossier sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez realizada por el Comité Hasta Encontralos y la representación legal:

“Entre los días 24 y 25 de mayo del año 2007, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fueron desaparecidos forzadamente los señores EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, quienes posteriormente fueron reivindicados por el grupo insurgente denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) como integrantes de esa organización armada. En diversos medios de comunicación nacional y local se expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden municipal y estatal, la entonces Agencia Federal de Investigaciones –hoy Policía Federal Ministerial-, la entonces Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal-el Ejército y la Armada de México”

De acuerdo con la información que en su momento publicaron medios de comunicación nacionales, “se ha podido establecer que los detenidos durante el transcurso de la semana en que ocurrió su desaparición fueron traslados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Según los comunicados del grupo insurgente: “La detención-desaparición de nuestros compañeros fue obra del Estado mexicano, independientemente de la estructura, cuerpo policíaco o militar que en concreto lo haya realizado, nos encontramos con la aquiescencia del Estado”. Agregan, “por experiencia y por los pocos sobrevivientes que enfrentaron esta condición de desaparición forzada, conocemos y sabemos que a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos, en específico a los pertenecientes al movimiento revolucionario se les mantiene en esa condición en el Campo Militar Número Uno”.

Ante esta situación, el 24 de Abril del 2008, el PDPR-EPR emitió un comunicado donde propuso la creación de la Comisión de Mediación con el Gobierno Federal para el diálogo y el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de ambos militantes. Al momento de su creación, la comisión estuvo conformada por Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz, y Juan de Dios Hernández Monge.

Las simulaciones de detenciones de un par de funcionarios y supuestos involucrados, fue el resultado de la eficacia de la PGR. Algunos personajes que eran señalados como responsables desaparecieron o jamás entraron en proceso. Los constantes intentos del gobierno por distraer la atención, por esconderse tras la mentira, se hicieron evidentes cuando empezaron a asegurar que “estaban muertos” o que “habían encontrado sus cuerpos” con el fin de obstaculizar y frenar la investigación.

Al menos dos años tuvieron que pasar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en la que reconociera que lo sucedido era una desaparición forzada, esto como resultado de la presión de la COMED y otras organizaciones solidarias para hacer evidente lo inocultable. Fue cuestión de meses para que la COMED se desintegrará ante la falta de voluntad política del gobierno mexicano. La reintegración de esta comisión reinició en el 2010.

Uno de los últimos intentos por hacer caer el caso en el olvido fue cuando la PGR exhumó cuerpos del panteón Puerto Escondido de Oaxaca asegurando que allí se encontraría Edmundo Reyes Amaya. Debido a la desconfianza de los familiares hacia los peritos de la PGR, fue necesaria la colaboración del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF). En ese momento, se descubrió que el gobierno intentó entregar restos falsos a la familia con tal de acabar con el asunto.

La desaparición como método de control y represión social

Según las cifras oficiales, la “guerra sucia”[1] dejó un saldo, considerando del 1 de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999, de 480 personas desaparecidas en 17 estados de la República. Alrededor de las 275 desapariciones forzadas que se cometieron contra militantes del Partido de los Pobres que representa 57% del total.

La desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales siguen siendo políticas implementadas por el Estado mexicano como tratamiento para combatir “la disidencia”. El miedo y la muerte como su mayor arma para evitar que la rebeldía y la lucha se propaguen.

Las políticas implementadas desde “la guerra sucia” por parte del Estado no han cesado. Las cifras durante la “guerra contra el narcotráfico” no han dejado de aumentar escandalosamente hasta nuestros días. Pese a que mediáticamente la presidencia dejó de utilizar la palabra “guerra”, es evidente que la guerra aún no se acabado.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, se registraron 26 mil desapariciones forzada[2] según datos oficiales, (aunque las organizaciones y familiares de víctimas llevan un número mayor), 67 ejecuciones extrajudiciales y alrededor de 999 detenciones arbitrarias.

En nuestro país se asume internacionalmente como una democracia en donde existe un Estado de Derecho; las libertades políticas, la defensoría de derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia -así como cualquier acción de resistencia y de organización- se han convertido en sinónimo de actos que provocan inestabilidad y alejan a los inversionistas. En algunos casos, quienes ejercen sus derechos, son catalogados de ilegales y en consecuencia son invisibilizados, atacados y criminalizados para aplicarles “todo el peso de la ley”.

Del inicio del gobierno del presidente EPN hasta mayo de 2014, se ha privado de su libertad a 224 personas por motivos políticos, se realizaron 669 detenciones arbitrarias, han desaparecido forzadamente a 81 luchadores sociales y orquestado 47 ejecuciones extrajudiciales[3].

La Campaña Nacional contra la Desaparición, integrada por más de 100 organizaciones sociales, sostiene que “en el contexto actual en el que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada - tal como lo han indicado los informes realizados por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus observaciones a México y el Grupo Interdisciplinario de la CIDH para el caso Ayotzinapa - en dónde las víctimas se cuentan por miles, se hace necesario reconocer que la desaparición forzada de personas no es cualquier delito, sino una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que atenta no sólo contra la víctima directa sino contra la población en general y que es cometida por el Estado mismo, quien se convierte en violador de sus propios ordenamientos jurídicos y marcos internacionales al no garantizar el respeto de los derechos más fundamentales del ser humano”.

Hoy como ayer, la impunidad se alimenta

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, emitió un informe en febrero de 2015, en el que concluyó que casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “ilustran los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas”

Además, sostuvo que la falta de información precisa del problema, impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo”.

La acción del gobierno mexicano no está enfocada a resolver las demandas históricas de los sectores de la población que se organizan, sino en apagar cualquier brote de rebeldía y lucha que atente contra la “seguridad y estabilidad nacional”.

Sobre el caso de los guerrilleros desaparecidos, la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que investiga los hechos históricos de naturaleza social, política y jurídica para conocer la verdad material y las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas con el movimiento social ocurrido en el Estado en los años 2006 y 2007, se pronunció hace unos días sobre la desaparición forzada:

“A más de 8 años 8 meses de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y a más de un año de haber sido emitida la resolución 29/2014 por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, que ordena realizar su búsqueda en instalaciones militares y realizar diversas diligencias para su localización, ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad”

Concluye que “múltiples han sido los esfuerzos durante estos 8 años en búsqueda de la verdad y la justicia, primero como Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal y, ahora, como Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Edmundo y Gabriel. Años de lucha y exigencia en los que se han conjuntado esfuerzos de diversas personalidades, abogados, académicos y familiares para encontrar a estos dos luchadores sociales y sentar precedentes para miles de casos más, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido nula”.

La lucha por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es una obligación moral, un acto de solidaridad, un gesto de salvarnos de una humanidad deshumanizada, pero sobre todo arrancarle al gobierno mexicano una de las muchas respuestas que merece la sociedad que posibilite frenar el abuso institucional y avanzar en la lucha contra la impunidad. Ellos le apuestan al olvido, nosotros a la justicia.

 

“Rompamos todos prejuicios, ataduras, temores y censuras mediáticas para desembocar en la amplia movilización popular en donde la acción política de masas arranque al Estado de las mazmorras clandestinas a nuestros seres queridos.”[4]

 

Partido Democrático Popular Revolución – Ejército Popular Revolucionario

Edmundo Reyes y Gabriel Cruz ¡No los olvidamos….!

 

 

1“un tipo de crimen de Estado que –al margen de la Constitución y las leyes– tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados “enemigos internos” por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello llevado a cabo por integrantes de las fuerzas armadas, agentes policíacos y de inteligencia, o grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes –usualmente– de la Sección Segunda del Ejército” Romo, Pablo y Rodríguez Yaiza “Desapariciones Forzadas en México. Documentos del proceso de la comisión de mediación, el PDPR-EPR y el Gobierno Federal”, Serapaz, México, segunda ed. 2011

2Informe sobre Desaparición Forzada 2014, Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada

3Comité Cerezo México, informe sobre desaparición forzada 2015

4“El Insurgente” Año 20, Núm. 168, febrero 2016 http://www.cedema.org/uploads/El_Insurgente-168.pdf

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