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La verdad callada en Lecumberri

La verdad callada en Lecumberri

Nos negamos a olvidar, porque olvidar duele más.

Xinich

A principios del año pasado y en el contexto del Terrorismo de Estado[1], recientemente evidenciado en casos como el de Ayotzinapa, los registros que dan cuenta de las acciones del gobierno mexicano durante la Guerra Sucia, que desde 2002 residen en el Palacio Negro[2], fueron declarados como “Archivos históricos confidenciales”, por lo que, según el artículo 27 de la Ley General de Archivos, se deberá esperar 70 años a partir de la creación del documento para que puedan ser abiertos.

¿Qué hay en esos documentos político-militares? Décadas de atrocidades que evidencian la muerte, el miedo, el dolor, la rabia de generaciones completas. La forma en que el Estado ha intentado desaparecer ideas enterrándolas en fosas, está documentada por su propia mano, y ahora, guardada bajo llave en una antigua cárcel. Ahí se encuentran los nombres, las pruebas y los datos necesarios para la reconstrucción de la verdad.

“Las operaciones militares y los operativos policíacos (...) estaban diseñados para capturar, someter, torturar, desaparecer temporal o definitivamente a los detenidos y, en muchos casos, ejecutarlos extrajudicialmente. En varios operativos, no se intentó detener a los integrantes de estos grupos, sino tirarles a matar (...) O bien, después de torturar y desaparecer a sus víctimas, entregarlos a la autoridad competente con las confesiones obtenidas por medio de la tortura, para que sirvieran de base y machote de declaraciones con las que mantenían detenidos a los que lograban salvarse de la desaparición permanente.” [3]

El Informe histórico a la sociedad (2006) describe de forma somera ciertas prácticas y líneas de combate que llevaban a cabo las fuerzas policíacas y militares durante la guerra sucia, sin embargo, la falta de detalles: nombres, operativos, desapariciones, solo se hallan en esos documentos hoy inaccesibles “por la seguridad e integridad de los involucrados”.

La importancia en la disposición de estos documentos, se encuentra en la utilidad jurídica que en ellos conservan para poder avanzar en el acceso a la verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por el Estado que aún laceran la memoria colectiva.

 

LA FALSA PROMESA

En el año 2001 el gobierno de Vicente Fox dio a conocer “El Acuerdo para la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”, el cual proporcionaría asistencia por los crímenes cometidos por el Estado mexicano, principalmente desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, cometidos durante los años 60s, 70s y 80s.

En ese momento se acordó abrir los archivos relacionados con las instancias gubernamentales vigentes durante los años de la Guerra Sucia y un año después más de 4 mil cajas fueron trasladadas al Archivo General de la Nación (AGN) para su consulta: “3 [mil] 500 fichas de espionaje generadas por el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y 486 cajas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a su vez contiene 1 653 legajos con documentación alusiva a al tema.” [4]

Desde el momento de su traslado, personal del CISEN, fue designado para resguardar la sala uno, cede de la mayoría de los documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Cabe mencionar que fue Vicente Capello y Rocha, agente de la misma DFS desde 1961, quien fue puesto como encargado principal de la sala.

Las trabas fueron aumentando y el derecho a la información negado. Académicos, familiares de las víctimas y periodistas denunciaron la imposibilidad de acceder a ciertos documentos debido a que faltaban o habían sido extraviados además del sometimiento a arduos procesos burocráticos. En 2006 desaparece la FEMOSPP habiendo cumplido su función (según la PGR) con ninguna condena y nulos resultados respecto a las indagatorias que le correspondían. Desde ese momento los expedientes que se les daban a los familiares y víctimas comenzaron a ser versiones censuradas (testadas) y su reproducción dejó de ser gratuita.

Las contradicciones continuaron, y dentro de todo, sólo casos excepcionales dieron frutos. Por ejemplo el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974 y cuyo caso logró sentencia en 2006 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como algunas investigaciones de fenómenos de acoso hacia ciertos grupos estudiantiles y políticos como práctica de antaño.

Aun así la mayoría de los casos no han sido resueltos, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de abrir 532 casos de desapariciones forzadas relacionadas a los movimientos políticos y sociales no tuvo gran avance, los crímenes de lesa humanidad no han sido atendidos ni condenados sus autores materiales e intelectuales. La impunidad sigue deteniendo la ruta de la verdad y la justicia.

 

EL CIERRE ES ABSOLUTO

La lucha por la verdad en El Palacio de Lecumberri continuaba hasta que el acceso a dichos registros fue clausurado. En una primera instancia la estrategia fue negar lo evidente. La versión oficial es que “la documentación contiene datos privados que deben ser protegidos por la seguridad e integridad de los individuos”. Cabe mencionar que frente al cuestionamiento y la inconformidad de los usuarios, la Directora General del AGN, María de las mercedes de Vega Armijo, recomendó “buscar vías alternativas de información”.

Desde ese momento, la única manera de acceder a la documentación era supuestamente en el portal electrónico Infomex. Para su consulta se debía justificar el interés específico, además de que los documentos serían versiones públicas con todos los datos borrados . Sin embargo las peticiones en el portal eran rechazadas haciendo saber que las mismas debía hacerse directamente al AGN donde hoy se sigue negando el acceso.[5]

 

EN MÉXICO NO EXISTE JUSTICIA, SÓLO IMPUNIDAD

 

No se trata de reconstruir los atropellos de la guerra sucia a partir de documentos político-militares emanados del Estado, para ello existe el testimonio de cientos de militantes y familiares que han reconstruido este episodio y han denunciado el actuar de las diferentes instituciones policíacas y militares.

La protección de datos, argumento para la creación del concepto “histórico confidencial”, intenta resguardar bajo llave información que jamás le perteneció al gobierno, le pertenece a los familiares y perjudicados. Los nombres que se podrían encontrar ahí no son de víctimas, esos los conocemos, los únicos nombres que se “comprometen” son de los perpetradores. Esa es la verdad que no quieren que vea la luz.

La Desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, el aumento de presos políticos, siguen siendo políticas de Estado. Los que ayer cometieron esos crímenes irreparables, siguen estando hoy en el poder. No fueron excesos cometidos casualmente, fueron décadas de terror, esperanza y delirio que aún hoy, para bien y para mal, siguen presentes de la memoria colectiva.

 

1“Entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y/o aniquilar a la oposición armada y/ o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos.” Tribunal Permanente de los Pueblos: México.

2El Palacio Negro o Palacio de Lecumberri se ubica en Eduardo Molina 113 col. Penitenciaría Ampliación, Delegación Venustiano Carranza. Esta construcción sirvió como cárcel desde el año 1900, durante el gobierno de Porfirio Díaz y hasta 1976, año en que pasó a ser la sede del Archivo General de la Nación.

3Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, PGR, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB209/informe/intro.pdf

4Alejandro Jiménez Martín del Campo, “Sombras de Impunidad”.

5La denuncia del proceso por el portal Infomex fue publicada por La jornada ( Fabiola Martínez. (23 de marzo del 2015). El Archivo General sugiere buscar fuentes alternas de información. La Jornada, p.3) en cuanto a al acceso únicamente de las versiones públicas y por Animal Político (David Mora . (12 junio 2015). Archivos vivos o archivos abiertos. Sitio web: http://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2015/06/12/archivos-vivos-o-archivos-abiertos/. Debido a la negativa de respuesta tanto en el AGN como en el portal a sus solicitudes y las de Articulo 19.

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