20-09-2013

Las reformas estructurales del gobierno de Peña

  • Escrito por  Samed & Gallo Teenek
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Las reformas estructurales del gobierno de Peña

El discurso de gobierno de Peña Nieto se empeña por hacer mención de la oportunidad de transformación que representan las reformas estructurales como garante del crecimiento y el desarrollo, sobre todo, cuando las presenta como la eliminación de “privilegios”, discurso que ha estado presente desde que planteó la reforma educativa, la reforma energética y también en la reforma hacendaria “social”.

 

Las reformas estructurales planteadas por este sanguinario personaje, se entrelazan con la historia reciente en el discurso neoliberal delineado por sus antecesores del poder, Vicente Fox y Felipe Calderón. En el caso de este último, comprometido con las directrices que enmarca el discurso global, fue reconocido por el Banco Mundial por avanzar hacia una reforma educativa “de calidad” mediante la creación de instancias de evaluación, y en cuanto  aunar esfuerzos para la “competitividad” de la Comisión Federal de Electricidad [CFE] tras desarticular al Sindicato Mexicano de Electricistas [SME], aprobar cambios a la Ley Federal del Trabajo, introduciendo nuevas modalidades de contratación y esquemas de pago por horas, regulación de la subcontratación, avance en materia de reforma energética y reorganización sindical. (Banco Mundial: 2008: 21 y 44).

 

En la actualidad, el Pacto por México firmado tras la imposición de Peña como presidente, fue suscrito en diciembre de 2012 y significa una concertación política entre las elites del poder con el objetivo de avanzar en las reformas estructurales: reforma educativa, competitividad económica de supuesto crecimiento y desarrollo, reforma financiera y energética.

 

1. La reforma educativa

 

En febrero de 2013, el Congreso agilizó la aprobación de la reforma educativa, la cual se sustenta en el término de los privilegios de los que goza el magisterio y con la finalidad de emprender la “calidad educativa”. Hace pocos días fueron aprobadas sus leyes secundarias, pese a ello dicha reforma es duramente cuestionada debido a su sentido privatizador y  de embestida laboral que representa para los maestros de México.

 

La reforma educativa descansa principalmente en dos rubros: 1) la reforma al artículo tercero constitucional, desustanciando el sentido de “obligatoriedad” que hasta entonces permanecía en la Constitución desde 1917, en la cual se traspasa la responsabilidad del Estado para garantizar la educación a la sociedad, en el sustento operativo de las escuelas. Con la reforma educativa, la obligatoriedad descansa en la responsabilidad de los padres de familia como los principales promotores de los requerimientos operativos más básicos en las escuelas mediante los esquemas de autogestión educativa; 2) la reforma al artículo 73 constitucional, implica una reforma laboral con implicaciones salariales, estabilidad laboral y jubilación, en nombre de los entramados educativos de “competitividad” y evaluación hacia los profesores.

 

La reforma educativa lo que plantea de hecho es una ruptura con el derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria que debe garantizar el Estado, ya que la Ley General de Educación otorga “autonomía de gestión” a las escuelas “en una responsabilidad compartida” y mediante el impulso de las escuelas de tiempo completo (Criterios: 2013: 147), de esta manera el Estado sentencia a las escuelas al financiamiento externo (padres, asociaciones de padres, agentes privados, empresas, bancos, iglesias, corporaciones, etc.) quienes sin lugar a dudas ejercerán una orientación educativa ad hoc de sus intereses.

 

A todo esto, la propuesta educativa brilla por su ausencia, ya que no hay una propuesta pedagógica que sustente las estrategias mediante las cuales se pretende resolver los problemas educativos, por ello para algunos especialistas en la cuestión educativa, es una reforma de tinte laboral y administrativa (Hernández Navarro: 2013) que otorga facultades autónomas al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el cual se enmarca en el discurso de la competitividad y evaluación con la Ley del Servicio Profesional Docente que garantiza que los alumnos sean educados por los mejores profesores (Criterios: 2013: 147), con lo cual se persigue despojar de sus derechos laborales a los maestros y asegurar la mercantilización de la educación.

 

“... esta legislación abre la puerta para que, en nombre de la autonomía, y ‘con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalice de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública”. (CNTE: 2013: 6)

 

2. La reforma energética

 

Desde el gobierno de Salinas de Gortari se abrió paso para la privatización del sector eléctrico, dando oportunidad para que los particulares adquirieran la facultad de generación, abastecimiento y garantías de compra en los excedentes eléctricos de la CFE, cuestión que posibilitó que hoy en día el 31% de la energía eléctrica generada en México sea para beneficio de empresas privadas (Ruíz Guadalajara: 2013). En la actualidad, dicha cuestión es de particular importancia en un contexto en el que las energías renovables y la transición energética han sido convertidas en oportunidad de lucro y despojo para los grandes corporativos a expensas del despojo a los pueblos y la privatización de los espacios de vida, pues dicho esquema de autoabastecimiento energético, así como de abaratamiento productivo va de mano de la expansión de los corredores eólicos e hidroeléctricas, contrariando el beneficio social.

 

El andamiaje de la propuesta energética corre en este sentido: como una justificación discursiva pues no existe un compromiso real con la transición energética no contaminante; esta propuesta se enfoca en afianzar el control y beneficio energético de trasnacionales y traslatinas (Cemex, Bimbo, Femsa, Coca.Cola, Walmart, Peñoles, Frisco, Ibedrola, Goldcorp, etc) que precisamente por ser categorizadas como industrias verdes gozan de exenciones y privilegios fiscales por no emitir Gases Efectos Invernaderos.

 

Estas industrias buscan generar para el año 2030 el 10% de la energía mediante aerogeneradores y expensas al despojo de más de 150 mil hectáreas ejidales y comunales, en un contexto en el cual se busca privatizar la energía, mediante la participación de particulares en la generación de energía eléctrica en una competencia en un mercado abierto, y con la creación de un operador que administre la red de transmisión (Criterios: 2013: 145).

 

Ahora bien, en cuanto al discurso de la modernización de Petróleos Mexicanos, al igual que cuando se planteó la reforma educativa, su objetivo es “quitar sus privilegios” con el supuesto de orientarla al trato igualitario con las petroleras trasnacionales que se pretende atraer con dicha reforma de apertura al capital extranjero mediante los contratos de utilidad compartida y la participación de particulares en todas las actividades que implica el sector petrolero. Esta cuestión del “igual trato de condiciones”, le quita su función estratégica e involucra un nuevo régimen fiscal mediante el cual Pemex estaría pagando 10% del valor de producción e Impuesto Sobre la Renta, “para que la industria energética vuelva a ser motor de crecimiento del país y fuente de más empleos para los mexicanos” (Criterios: 2013: 145).

 

Pemex y CFE serán empresas públicas más autónomas, transparentes y eficientes con claros mandatos de generación de valor económico. (Gobierno de la República, 2013)

 

Los “beneficios” que presenta el gobierno tras consumarse la reforma energética: bajas tarifas eléctricas y gasíferas, creación de medio millón de empleos, 1% de crecimiento al año 2018 e inversión en programas sociales, educación de calidad, salud y servicios de agua. Sin embargo, una cuestión que no ha sido mencionada es que la reforma energética representa un jugoso negocio para la industria petrolera y gasífera de tecnología de punta, la cual opera de manera similar que la minería a cielo abierto, mediante el empleo de un método denominado fracking que supone la fracturación hidráulica mediante el empleo de explosivos, una sopa de sustancias químicas altamente contaminantes y un uso desmesurado de agua para su extracción. Esto ha acarreado ya varias disputas, así como la suspensión en varios países europeos por las implicaciones socioambientales.

 

De esta manera, con la reforma energética, se pretende explotar petróleo y shale gas en abundancia, una cuestión que se viabiliza jurídicamente mediante la reformación del artículo 27 constitucional mediante el cual se permitiría la inversión extranjera directa en el sector, y también mediante la modificación del artículo 28 que hasta el día de hoy emite su exclusividad nacional en el sector energético. Así, esta reforma busca eliminar la prohibición de los contratos de explotación, refinación o transporte, y crear “un mercado competitivo” (Criterios: 2013: 145), cuestión que sentencia la bancarrota de Pemex y CFE por las cargas que se le pretenden imponer.

 

3. Reforma hacendaria y social

La iniciativa de reforma presentada, se dice necesaria para dar capacidad financiera para la educación y salud de calidad, lo mismo que para infraestructura y crecimiento.  Se suma a la reforma educativa y energética, presentadas por el actual gobierno y construidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], la Comisión Económica para América Latina [CEPAL] y el Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial (BID-BM), las cuales habían hecho la recomendación de avanzar hacia una reforma “justa” que incentivara la inversión extranjera.

 

Sin embargo, ante el panorama de resistencias contra estos paquetes estructurales, el gobierno de Peña exceptuó del aumento al IVA de alimentos y medicinas (amenazando con su alza paulatina), y ha presentado dicha iniciativa como un esfuerzo por el compromiso con la justicia social y término de los “privilegios”.

 

La reforma fiscal que presentó Peña el pasado 8 de septiembre ante el Congreso, parte del supuesto de terminar con los privilegios de los que gozaban los más adinerados del país, hacer “justicia” y obtener recursos para emprender acciones de beneficio social (educación de calidad, infraestructura, seguro de desempleo, pensión universal); sin embargo, aunque discursivamente se plantea trastocar privilegios de las altas burocracias y las élites del país, son lanzados en un intento por enganchar la aprobación de las modificaciones a los artículos 4° y 123° constitucionales.

 

Esta iniciativa ha sido aplaudida desde los gobiernos, empresas y sus presentadores televisivos, quienes han mostrado toda suerte de adulaciones al interés del priismo con la justicia social; sin embargo, más allá del impuesto al chicle, alimento a los cachorros, escuelas privadas, compra-venta-alquiler de viviendas, aumento mensual de 6 centavos a la gasolina magna y 8 centavos a la Premium y el diésel, existen algunas implicaciones importantes de dicha reforma, las cuales han sido camuflajeadas mediante la exaltación del objetivo de obtener mayores recursos a partir del cobro de impuestos a quienes perciben más salarios; sin embargo lo que ha escapado a la enfatización gubernamental es su planteamiento individual no corporativo, empresarial o burocrático, es decir, de quienes son privilegiados de fuertes excepciones tributarias.

 

Dado el caso, dicha reforma deja intactos los privilegios fiscales que hasta hoy existen, obligando a los de menos recursos en la recaudación y también representa un golpe a las llamadas “clases medias” y a los sectores más empobrecidos del país que habitan en la frontera norte, al homogeneizarse el IVA al 16%, región en donde se había mantenido en 11%. También, se pretende aumentar el Impuesto Sobre la Renta de 30% a 32% a quienes reciben sueldos superiores a los 500 mil pesos anuales; contempla la eliminación de regímenes de consolidación fiscal mediante los cuales las grandes empresas evadían pagos de impuestos, pero creando otro mecanismo que tendrá la misma función llamado “grupo de sociedades”.

 

De acuerdo con ello, se permitiría que a 4 mil 300 empresas agrupadas en 422 grupos económicos, pudiesen seguir evadiendo pagos mediante los regímenes de consolidación y presentando como pérdidas, con tal de pagar lo menor posible de sus ingresos en impuestos, y de esta manera pagar sólo 1.7% de sus ingresos en lugar del 17%. Así tenemos que para el investigador Miguel Reyes Hernández:

 

“si realmente se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se generarían ingresos para el país de entre 750 mil y 850 mil millones de pesos, cuando actualmente el gobierno del presidente Peña Nieto sólo plantea que con su reforma recaudaría de ISR un total de 75 mil millones de pesos.[de los cuales].. 50 mil millones provendrían de los trabajadores, 10 mil millones por actividades profesionales y sólo 15 mil millones de empresas, con lo que se fortalece la hipótesis de que no están realmente eliminando el régimen de consolidación fiscal” (Reyes, citado en Hernández: 2013)

 

 Así se dejan intactas las exenciones y condonaciones fiscales de los grandes corporativos, los cuales no pagan en proporción a sus ventas y en beneficio social. Ejemplo de ello es que en 2012 América Móxil pagó 5.98% de ISR, Bimbo 1.27%, Televisa 5%, Soriana 1.6%, Carso 3.5%, Wal-Mart 2.3%; y se pretende cobrar impuestos de manera “igualitaria” a todos los negocios e incluyendo al sector agropecuario, sin diferenciar entre agroindustrias o pequeña agricultura, cuestión que ahondaría la asimetría social y afianzaría la centralidad que de por sí detentan los grandes corporativos enquistados en el territorio mexicano, urbano y del campo.

 

Otra de las propuestas planteadas en la reforma fiscal, es la desaparición del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) que significa un beneficio para los empresarios, pero que en términos de recaudación representa pérdidas por más de 16 mil millones de pesos: “el gobierno recaudaría 131 mil millones de pesos, pero al eliminarse el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se dejarían de recibir 114 mil 500 millones de pesos. La recaudación neta de este sector sería de sólo 16 mil 500 millones de pesos” (Delgado: 2013). De esta manera, con la Nueva Ley del ISR se pretende establecer un único impuesto empresarial y conservar los tratos preferenciales a aquellos sectores que tienen “una lógica económica clara” (Criterios: 2013: 112).

 

Ahora bien, en el caso de los burócratas, existe un decreto que les exenta del pago del ISR, condonación de adeudos fiscales e impagos del sector empresarial, los cuales suman una cuantiosa suma de dinero; sin embargo, en este discurso de justicia y término de privilegios según Peña, nada se habla de apegarse al pago de impuestos y a la mentada responsabilidad social de la cual se jactan los grandes corporativos. Esta reforma no afecta en los intereses de los grandes empresarios, quienes se libran de pagos.

 

Finalmente, dicha reforma es presentada como un pacto con el diablo, debido a que una de sus directrices es “formalizar la economía” que plantea una recaudación que posibilite sistema social, seguro de desempleo y pensión para adultos, como medidas de legitimación social. Así, se plantea crear un Régimen de Incorporación  tributaria para quienes se mantienen en el “trabajo informal”, que tendría como supuesto beneficio la afiliación a la seguridad social, acceso a la salud, en un esquema recaudatorio progresivo que en principio haría descuentos en los pagos de impuestos (Criterios: 2013: 114). Sin embargo, algo que ha omitido el gobierno es confesar que este “beneficio” de la formalidad correrá por cuenta de propias aportaciones de los trabajadores, mediante una subcuenta en la que tendrá que aportar cada mes el 10% de su salario y en dado caso de desempleo cubrir paradójicamente el seguro de desempleo; en caso de la pensión para adultos estaría condicionada a la no recepción de otra pensión y a un ingreso mensual menos a 15 salarios mínimos, cuestión que dista mucho de la supuesta “universalidad”  y justeza de la cual se habla.

 

De esta manera, para Humberto Morales del Observatorio de Salarios, el “seguro de desempleo” no es como los que existen en Europa o Estados Unidos en donde los recursos provienen del Estado, cuestión que afirma “va a ampliar el nivel de riesgo de los trabajadores formales de mermar su sistema de pensiones; va a reducir la posibilidad de que los trabajadores que tengan que recurrir a esto se retiren con un nivel de vida digno” (citado en Hernández: 2013).

 

En cuanto al cobro de derechos, dicha reforma involucra al sector minero, que en la actualidad suman el 0.6% de la recaudación nacional, el cual sería beneficiario de este esquema fiscal que no obliga al pago, al cual se sumaría un pago a quienes no se apeguen a la normatividad minera, proponiendo el pago de 0.5% a los ingresos derivados de la extracción de oro, plata y platino (Criterios: 2013: 109); es decir, significan una recaudación de 1.1% del total de los millones de dólares que saquean y llevan al mercado mundial de minerales como commodities. También, se propone la creación de un Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de los Municipios Mineros, conformado con el 50% de los recursos obtenidos de estos derechos especiales, los cuales se pretende destinar directamente a los municipios en donde se explotan dichos minerales, para el gasto y mitigación del impacto de estas actividades. En cuanto al agua, no se habla del derecho humano a la misma, sino a “reflejar el valor económico del agua” (Criterios: 2013: 106), es decir, aumentar el precio que se paga para obtener su derecho, asignado desde las directrices recursivas mercantiles.

 

4. Consideraciones

 

Estas reformas implican cambios constitucionales que refieren a los derechos a la salud, la educación, agua, laborales, entre otros, los cuales están enunciados como necesidad para el crecimiento económico en 3.9% en 2014 y el desarrollo nacional, una fórmula demagógica planteada desde gobiernos como Kirchner en Argentina y Lula en Brasil, que distan mucho de crear fuentes de sustento de desarrollo económico, sino mas bien mediante el respaldo de la proliferación de actividades extractivas y megaproyectos mediante los Programas de Aceleración del Crecimiento, y la creación de fondos especiales para el financiamiento de proyectos de focalización y contención.

 

Dichas propuestas en todo momento han sido presentadas como plazo ultimátum a los “privilegios”, los cuales ilusamente pretenden revertir una situación desfavorable en un contexto en el que se intentan imponer los cambios constitucionales para insertar los intereses privados, nacionales o trasnacionales en los espacios que hasta hoy no han logrado colocarse y que fueron enunciados desde el Consenso de Washington y mas allá de este. En este sentido, la propuesta del gobierno apuesta a ahondar en la confusión mediática, mediante el empleo de una estrategia discursiva y de fuerza, de apariencia dialógica que busca imponer los cambios necesarios benéficos a los intereses de poder que asechan los territorios de México. Estas reformas buscan imponer mediante la mentira, campañas de confusión y mediante el empleo de una ofensiva mediática ad hoc, en el cual destacan el ejercicio de desinformativo, de confusión y de generación de odio social en contra de quienes son presentados como opositores al desarrollo, a la modernización, la calidad, competitividad, la generación del empleo o la justicia con beneficio social.

 

 

Bibliografía consultada

 

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